Santo Domingo,- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó hasta el lunes próximo el juicio que sigue contra quienes supuestamente se repartieron los sobornos que la constructora Odebrecht dijo distribuyó en el país, tras escuchar los alegatos finales del expresidente del Senado Andrés Bautista.

La defensa técnica del exlegislador rechazó cada una de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, que le acusa de supuestamente incurrir en los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

Los abogados Carlos Salcedo, Jorge López Hilario y Thiaggo Marrero solicitaron al tribunal que declare la absolución de su defendido, al alegar que este no incurrió en ninguno de los delitos que le imputa la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El equipo de defensa de Bautista argumentó que los bienes de este provienen de sus actividades empresariales, en especial la producción y comercialización de cerdos y pollos.

Sin embargo, el director de la Pepca, el magistrado Wilson Camacho, aseguró que la defensa de Bautista sigue sin referirse a temas importantes del proceso, al citar, como ejemplo, la omisión de bienes en las declaraciones juradas del exlegislador.

«Lo que sí pasa con la defensa y, me da la impresión, que no solo lo hace dentro del tribunal, sino, que lo hace fuera, es que rehuye los temas importantes de este proceso, como algo que hemos estado discutiendo y que el Ministerio Público ha planteado en reiteradas ocasiones de las declaraciones juradas del acusado Bautista García», afirmó Camacho en un comunicado.

Además de Bautista han sido acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez Hernández.

El grupo, según las acusaciones, presuntamente se benefició de los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr la adjudicación de obras de infraestructuras públicas.

El Ministerio Público fue el primero que expuso en audiencias anteriores, concluyendo con la petición de penas de 10, 7 y 5 años de prisión para los imputados.

El órgano acusador también pidió al tribunal que todos los procesados paguen una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y el pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.EFE

rsl

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