En Especial
Cristhian Jiménez
Jean Alain hirió de muerte al sistema penitenciario con sus acciones, que reposan en un expediente con más de 60 encartados y, según fiscales, casi once mil páginas solo de pruebas, y el ministerio público actual permitió su implosión por fallas burocráticas, celos excesivos en la lógica de continuidad del Estado y carencia de iniciativas creativas que obligaran al gobierno a concluir obras inconclusas. Al Poder Ejecutivo es imputable falta de voluntad política en una crisis que abona la criminalidad, una de las principales preocupaciones ciudadanas.
El más reciente episodio en la cárcel de La Victoria, un incendio con saldo de 13 muertos, destrucción de una parte del penal y el traslado de cientos de internos de ese laboratorio criminal a “contaminar” abarrotados centros del deteriorado nuevo modelo, coloca el tema en los primeros planos, en medio de la campaña electoral y pese a que el mayor riesgo actual es la violencia en Haití.
El impacto del drama humano ha sido tal magnitud, que dio espacio al cinismo del exprocurador bajo proceso penal, de ofrecerse a “colaborar” con las autoridades para la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, que entregó inconcluso en 2020 e indujo al ridículo al entonces presidente Danilo Medina, que inauguró una obra de imposible habilitación inmediata.
La Procuraduría General de la República, que encabeza Miriam Germán Brito, hizo lo correcto al iniciar investigaciones y abrir expediente al encontrar causa probable por corrupción y daños al Estado por más de mil millones de pesos, contra 41 personas y 22 empresas (un tercio ha aceptado culpabilidad por sobornos y otras irregularidades y ha llegado a acuerdos con las autoridades), pero desistió de la terminación de la obra, a la espera de una auditoría de la Cámara de Cuentas y de trámites para el traspaso de las construcciones penitenciarias a un ministerio.
Las Parras, en principio fue llamado Nueva Victoria porque acogería a los reclusos del viejo recinto, cuyo cierre se ha reclamado desde el siglo pasado por la deshumanización y corrupción imperantes y su conversión en centro de grupos que ordenan crímenes y manejan negocios ilegales dentro y fuera del centro.
Nuevos casos escandalosos en La Victoria y otros recintos bajo control policial y militar, provocaron que subiera el tono del reclamo para la conclusión del nuevo centro penitenciario. Se repitieron los mismos alegatos.
El 25 de mayo del 2022, el entonces asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, Roberto Santana envió un comunicado a los diarios paras precisar declaraciones hechas en el programa “Esta Noche Mariasela”. Denunció de que solo el responsable de seguridad de La Victoria se beneficiaba de 7 millones de pesos semanales de la corrupción que permeaba la penitenciaría.
Dijo que se había detenido “todo lo penitenciario sobre ese tema, hasta que se audite”, y entendió incorrecto hacer “esperar a miles de personas en esa situación inhumana”.
Reveló que “que una parte del personal medio y técnico que tiene años ahí, previo a esta gestión y afines con otros grupos, prefieren que la actual gestión de la PGR y el gobierno mismo no tengan nada que inaugurar o presentar con logro en estos primeros dos años”.
“Por eso, tras haber trabajado en el país y en el extranjero el asunto puedo notar que el tema penitenciario no es prioritario para el gobierno”, dijo al reafirmar que los cambios burocráticos se podían realizar sin detener la conclusión de Las Parras.
El presidente Abinader dijo luego de la tragedia que faltan 1,600 millones y un año de trabajo para la habilitación del penal.
Hasta la próxima tragedia, baby….
