Santiago de Chile,- El aumento de migración irregular en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia, llevó al límite al sistema sanitario de varias localidades y obligó a las autoridades a desplegar este viernes carpas y hospitales transitorios para atender a centenares de extranjeros.

“Hemos implementado un plan sanitario, hoteles temporales en Iquique donde hay más de 1.800 personas que han entrado de forma irregular”, explicó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

El contexto de crisis migratoria y saturación que viven desde hace días las localidades de Colchane, una pequeña comuna chilena cercana a la frontera con Bolivia, e Iquique, la ciudad más próxima, han llevado a las autoridades locales a solicitar una intervención “urgente” del Gobierno.

“Si de aquí al lunes no se traslada a estas personas hacia ciudades donde existen los servicios básicos, presentaremos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones”, señaló el edil de Colchane, Javier García.

Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia de la covid-19, el paso fronterizo entre esta pequeña localidad y Pisiga (Bolivia), una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en los últimos meses en una ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.

El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria crearon un clima de tensión en la región, que empeoró el pasado miércoles con el fallecimiento de dos extranjeros de nacionalidades colombiana y venezolana.

CAMPAMENTOS DESBORDADOS

Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile -una de las organizaciones promigrantes más importantes del país-, explicó a Efe que tras su ingreso, los extranjeros son obligados a permanecer en campamentos que se encuentran “desbordados” durante largos períodos de tiempo, superiores a los 14 días de cuarentena obligatoria.

“Estos asentamientos se han convertido en las residencias de los migrantes porque las autoridades no les dejan salir. Se trata supuestamente de control sanitario pero en realidad es una forma de retenerlos”, denunció.

“Esto ha significado un fuerte estrés para los equipos de residencias sanitarias, pero estamos comprometidos a aislar a los extranjeros para no contagiar a la población local”, afirmó por su parte el intendente de la región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.

En la tarde del jueves, se autorizó el despliegue de militares para combatir el tráfico ilícito de migrantes en la frontera norte del país, donde son habituales los “coyotes” o “pasadores” que cobran a los interesados por guiarles para cruzar la frontera.

“Lo que esta pasando en Colchane es grave, se trata de un tramo de 100 kilómetros en el que tenemos que tomar medidas adicionales”, alertó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Bajo la ley actual, cruzar la frontera no está tipificado como delito en Chile, sin embargo el Gobierno del conservador Sebastián Piñera está apresurando la aprobación de una nueva regulación migratoria bajo la cual sí lo sería, facilitando los procesos de expulsión forzada.

Mientras que para el oficialismo, esta nueva ley sería la vía para enfrentar el fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras es la causa de que migrantes crucen por pasos no habilitados.

La actual Ley Migratoria, una de las más antiguas de Latinoamérica, fue diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando Chile apenas recibía migrantes.

En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

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