Santo Domingo, 12 oct (EFE).- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el inicio de una investigación que determine si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.

El anuncio se produce tras la emisión de una entrevista el pasado sábado en el programa de la periodista Nuria Piera, que la definió como “una emprendedora que se ha beneficiado del Estado” y sacó a relucir el patrimonio de Taveras, de 106 millones de pesos, según su declaración jurada de bienes presentada ante la Cámara de Cuentas.

Las revelaciones sobre su actividad empresarial, con contratas con ciertas entidades públicas, ha desatado las peticiones de dimisión de la ministra, que ha contestado en redes sociales a la polémica.

“Tengo mi conciencia tranquila pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública hace 10 años. Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba, con relación a los ataques por desconocidos a la Sra. Nuria me desligo”, publicó este domingo en Twitter.

La DGCP confirmó este lunes que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), de la que es gerente administradora y poseedora del 75 % de sus acciones.

La institución informó de que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras conforme a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

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Esto “para identificar si las empresas en las que figura como accionista han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiados de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública”.

El órgano rector reiteró a los servidores públicos que la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante una circular emitida el pasado 26 de agosto dio un plazo de 30 días para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.

“La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas”, apunta el comunicado.

El pasado 8 de octubre, la DGCP anunció la suspesión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en virtud de la citada Ley, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.EFE

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