Barcelona (España).- Juan Carlos García, médico nicaragüense residente en Barcelona, ya sabe lo que es trabajar en un hospital desbordado: él fue uno de los sanitarios que se enfrentó a las sucesivas epidemias de dengue en su país, la última en 2019, que dejó 112.708 contagiados y 180 muertos.
García, de 31 años, forma parte de un grupo de 85 sanitarios migrantes formado por médicos, enfermeras y auxiliares que está ofreciéndose para colaborar contra la pandemia del COVID-19 en España, pero su situación migratoria sin regularizar le impide hacerlo, por lo que se siente «con las manos atadas».
«Nos vale más tener la oportunidad de poder servir que la regularización de nuestros papeles. Como médicos nos duele, queremos ser parte de la solución y no un problema más, queremos ayudar», explica a Efe.
El grupo nació por iniciativa de Yamile Caicedo, una enfermera colombiana que se encontraba en España en el momento de la pandemia y que buscó información en Facebook sobre cómo ayudar, contactando con sanitarios.
Caicedo posee pasaporte comunitario -alemán- y tiene sus títulos homologados, por lo que «si quisiera trabajar, mañana podría hacerlo». Pero muchos otros no tienen permiso de residencia ni de trabajo, ni sus títulos homologados.
«Si no están en situación regular, es casi imposible que puedan ofrecer su ayuda, cuando se necesita el recurso humano. Que nos digan ‘no, no, y no’… qué dolor. Podemos hacer algo y no nos están dejando; la ley es inquebrantable», se lamenta Caicedo.
OBSTÁCULOS LEGALES PARA UNA INCORPORACIÓN RÁPIDA
La Ley de Extranjería contempla varias vías para obtener un permiso de residencia temporal en España; pero la mayoría de ellas tardan en tramitarse entre cuatro y cinco meses y requieren acreditar una permanencia de tres años en el país, o contar con un contrato de trabajo de mínimo un año de duración, entre otros requisitos.
Los profesionales sanitarios se encuentran, además, con otro obstáculo: la necesidad de homologar sus títulos obtenidos en el extranjero. La ministra regional de Salud de Cataluña, Alba Vergés, pidió esta semana al Ministerio de Sanidad que homologue estos títulos «de forma temporal» para intentar insuflar oxígeno al sistema sanitario.
Constanza Sánchez -chilena, ocho años como enfermera- lleva en Barcelona desde el 5 de marzo: llegó con intención de quedarse, y cuando llevaba poco más de una semana en la ciudad se decretó el confinamiento.
«Me dirigí a varios hospitales por teléfono. Fueron muy amables al inicio, pero cuando me derivaron a Recursos Humanos me dijeron que es imposible», se lamenta.
Los tres profesionales subrayan una misma idea: no buscan, con su ofrecimiento, regularizar su situación legal, sino colaborar en la lucha contra la enfermedad.
«No hay una ley de Extranjería que te impida, como personal sanitario, ayudar al otro», redobla Caicedo, que ve con «tanta tristeza» cómo sus compañeros españoles «tienen que doblar turnos» y soportar altos niveles de estrés por la tensión bajo la que trabajan.
Según datos divulgados este lunes, casi 19.400 sanitarios españoles fueron infectados hasta ahora por el coronavirus, de los que aproximadamente el 10 por ciento requirió ingreso hospitalario, lo que complicó la atención médica a los enfermos.
Por eso, y mientras dure la pandemia, este grupo no tirará la toalla: «Tenemos claro que tenemos el ‘no’. Pero estamos luchando para tener el ‘sí'».
