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viernes , 26 abril , 2024

Diputados autorizan la participación del Estado en el “Gran Negocio” de la electricidad

Santo Domingo.- La Cámara dea través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), así como el de la declaración jurada de patrimonio, entre otras aprobaciones.

La Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto que autoriza la participación provisional del Estado como «promotor, titular y propietario», directa o indirectamente en la actividad de generación de electricidad a través de la Cdeee.

La iniciativa deberá ser conocida de nuevo en el Senado para convertirse en ley y, según indicaron diputados, ésta permitirá al Estado participar en el negocio de la generación de energía y competir con el sector privado, garantizando precios justos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera lectura, y en la segunda fue acogido con un votó en contra.

Entre las aprobaciones que efectuó hoy la Cámara, también destacó el proyecto de ley sobre la declaración jurada de patrimonio, que establece penas de prisión de hasta 10 años, multas y un periodo de inhabilitación para ocupar cargos públicos para aquellos funcionarios que falseen datos y que se enriquezcan ilícitamente.

Además, los funcionarios deberán incluir el patrimonio de su esposa en su declaración.

La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto mediante el cual se oficializa al Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (Iteco), como universidad pública estatal.

Por otro lado, diputados de las diferentes bancadas se manifestaron favorables a la propuesta de un nuevo convenio de extradición con Estados Unidos, ya que el actual data de muchos años.

No obstante, los diputados consideraron que el nuevo acuerdo deberá garantizar la reciprocidad, y que cuando la justicia de uno de los dos países requiera personas, no existan trabas.

Las negociaciones entre las autoridades de los dos países sobre un nuevo acuerdo de extradición comenzarán el próximo mes, aunque según sostuvieron los diputados, el nuevo convenio deberá someterse al Tribunal Constitucional (TC), organismo a cargo del control preventivo de los tratados internacionales.

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