La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) lamentó el uso mediático y discursivo que se le da al tema seguridad pública en el país, escondiendo la realidad, al utilizar a la Policía Nacional y a la Justicia Dominicana como chivos expiatorios de la incapacidad Estatal para prevenir y perseguir la delincuencia.

La entidad afirmó que la lucha y combate contra la delincuencia desborda las capacidades de la justicia y de la propia policía nacional, incluso en su conjunto, de ahí que el abordar la problemática seguridad pública supone de entrada reconocer que las principales causas que originan el fenómeno de la delincuencia tienen sus raíces en una serie de factores económicos y sociales, donde se destacan el desempleo, la desigualdad social, falta de oportunidades y pobreza, niveles bajos de educación, consumo de drogas, impunidad y la corrupción administrativa.

Trajano Vidal Potentini presidente de la FJT, urgió al Estado Dominicano a darle un abordaje y enfoque integral a la problemática de la seguridad pública, el cual incluya políticas preventivas o acciones alternas a la problemática en cuestión; tales como la generación de empleos, prácticas deportivas y recreativas, mayor inversión en educación, actividades de prevención de drogas y la persecución efectiva y castigo ejemplar a los corruptos.

Asimismo la entidad rechazó las críticas hechas por la cúpula militar y policial que acusan al Poder Judicial de ser el responsable del auge de la delincuencia, desconociendo y tapando el fracaso estatal para enfrentar con éxito el problema de la delincuencia.

No obstante la entidad de sociedad civil reconoce la amplias y profundas deficiencias que hay en el sector justicia, y en otros estamentos responsables del tema seguridad pública, lo que agrava aún más la problemática.

De ahí que consideramos indispensable la aplicación de encuestas, estudios, análisis y diagnósticos sobre el incremento y ocurrencia reiterada de actos delictivos, identificando las causas de la criminalidad y posibles correctivos que nos lleven a concretar planes y acciones que superen el tradicional y deficiente barrio seguro y otras iniciativas, las cuales hasta ahora han fracasado y resultado insuficientes para conjurar los efectos de la criminalidad.

 

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