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lunes , 29 abril , 2024

La Fiscalía incauta locales de una universidad en Lima por caso de lavado de activos

Lima,.- El Ministerio Público de Perú, con apoyo de la Policía Nacional, realizó este martes un operativo de incautación de bienes en varios locales de la Universidad Alas Peruanas, a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el ex secretario general del partido Fuerza Popular Joaquín Ramírez, según confirmó el comandante general de la Policía, Jorge Angulo.

El máximo jefe de la Policía peruana confirmó a la prensa local que el operativo en locales de la universidad en tres distritos de Lima cuenta con una resolución judicial por el presunto delito de lavado de activos, al ingresar este martes a una de las sedes para supervisar la diligencia.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Ramírez financió presuntamente la campaña electoral de la excandidata presidencial Keiko Fujimori en 2016 con fondos de la universidad, cuyo fundador fue su tío Fidel Ramírez, aunque ese centro de estudios perdió su licencia con la reforma de la educación superior que se impulsó posteriormente.
Ramírez también fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016 y en las últimas elecciones municipales de 2022 fue elegido alcalde provincial de Cajamarca, su región natal.

El acaudalado empresario hizo uso de préstamos otorgados por la universidad para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles (2 millones de dólares), que ingresaron presuntamente a los fondos de la campaña de Fujimori, según la Fiscalía.

No obstante, las investigaciones contra Ramírez empezaron en 2014 por la compra de dos inmuebles que fueron usados en la campaña de Fujimori del 2011 y en una organización sin fines de lucro dirigida por la excandidata en Lima.

La propia Fujimori es actualmente investigada por presunto lavado de activos por los aportes ilegales presuntamente recibidos en sus últimas campañas electorales de una serie de empresas, entre las que figura la constructora brasileña Odebrecht y grandes corporaciones peruanas.

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