Madrid, (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional española que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia rechazó citar a declarar como testigo a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por «meras informaciones periodísticas no constrastadas» y recalcó que las investigaciones no revelan que tuviera conocimiento o intervención en la trama.
El juez Ismael Moreno es el encargado de investigar el conocido en España como «caso Koldo», sobre supuestas ilegalidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, en la que está investigado el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
«Lo único que existe respecto de esta cuestión son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que Doña Begoña Gómez ha podido tener relación con uno de los investigados, Víctor de Aldama, lo cual tampoco es revelador de nada más», sostiene Moreno en un auto, al que tuvo acceso EFE.
En esa resolución, el magistrado rechaza el recurso presentado por la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el denominado caso Koldo.
El juez sostiene que ni en la documentación que obra en la causa ni en las investigaciones de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción aparece ningún dato o elemento que apunte «al eventual conocimiento o intervención, aún de manera puntual, en hechos que de alguna manera pudieran estar vinculados con cualquiera de las vicisitudes habidas en todas las actuaciones relativas a los contratos investigados».
Moreno recuerda que la supuesta existencia de contactos o reuniones de Gómez con De Aldama «no es, en principio, indicativa o reveladora» de que la mujer del jefe del Gobierno haya tenido «conocimiento o alguna relación con los hechos objeto de las presentes diligencias».
Por ello, Ismael Moreno -que ya rechazó citarla- considera de nuevo que no es procedente, en el momento actual, tomar declaración como testigo a Begoña Gómez.
El auto se conoce el mismo día en que Sánchez anunció que seguirá al frente del Ejecutivo después de tomarse cinco días para reflexionar sobre lo que consideró una campaña de «acoso y derribo» contra él y su esposa y si merecía la pena seguir.
El detonante fue que un juez de Madrid abriera diligencias contra Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa, y que la fiscalía pidió archivar.