Santo Domingo, (EFE).- Defensores públicos de varios de los acusados de dar muerte a David de los Santos en un destacamento de la Policía Nacional recusaron este viernes al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario.
El juez conoce de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra el grupo de policías y civiles supuestamente responsables de la muerte de De los Santos.
A pesar de la recusación, Imbert decidió aplazar la audiencia para el 27 de mayo.
Es la segunda vez que el magistrado es recusado, pues en una primera audiencia abogados de parte de los acusados lo hicieron bajo el argumento de no acogió ninguno de los pedimentos que estos le formularon.
Los defensores públicos dijeron este viernes que recusaron al juez porque «constataron» que los derechos de al menos uno de los acusados han sido supuestamente vulnerados porque este rechazó ser asistido por los defensores públicos y que el juez se opuso a ello.
«Los defensores públicos decidimos recusar al juez a cargo de conocer la medida de coerción y el conocimiento de anticipo en razón de que constatamos que el derecho de defensa se ha violentado, específicamente del ciudadano Santiago Mateo Victoriano, quien no desea contratar un abogado particular», dijo el defensor público Luis Cuevas.
De su lado, el abogado de los familiares de De los Santos Máximo Peña dijo a periodistas que el juez no puede abandonar la audiencia debido al principio de «inmediación» y que los defensores no tienen «fundamentación» para pedir su recusación.
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva contra el capitán de la Policía Nacional Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García.
La misma medida solicita para Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estuvieron en la misma celda que De los Santos en el destacamento policial del ensanche Naco, y a quienes el Ministerio Público acusa de causarle a este los golpes que le causaron la muerte.
De los Santos fue conducido a ese destacamento el 27 de abril pasado tras ser arrestado en Ágora Mall y murió a causa de múltiples golpes en su cuerpo cuatro días después en un hospital, causando la indignación general en el país.
El Ministerio Público asegura en su acusación que cuando los tres detenidos golpearon a la víctima, en lugar de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda.
Así, la muerte fue provocada «con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión de su deber de posición de garante», siendo «coautores de actos de tortura o barbarie» contra De los Santos.
