Berlín,- El excanciller alemán Gerhard Schröder ha quedado incluido en una demanda presentada ante la Fiscalía alemana por crímenes de guerra relacionada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Schröder preside el consejo de administración del gasoducto germano-ruso Nord Stream y el consejo de vigilancia del consorcio energético ruso Rosneft, además de estar nominado para ingresar en el del asimismo gigante ruso Gazprom, a partir de junio.
Nord Stream arranca de la firma de un acuerdo entre Schröder y el presidente ruso Vladímir Putin en abril de 2005, unos meses antes de la derrota electoral del entonces canciller alemán, que luego pasó a ocupar los mencionados cargos.
El primero de los gasoductos, Nord Stream 1, entró en funcionamiento en 2011, mientras que la licencia para que empiece a funcionar Nord Stream 2 quedó bloqueada al día siguiente del inicio de la invasión por decisión del gobierno de Olaf Scholz.
Desde el Partido Socialdemócrata (SPD) del excanciller, y también de Scholz, se ha apremiado insistentemente a Schröder a renunciar a esos cargos y distanciarse de Putin, de quien ha sido aliado político y amigo personal.
Según el diario «Badische Neueste Nachrichten», se ha presentado una demanda por crímenes de guerra contra Schröder y otras personas que no se concretan ante la Fiscalía de Hannover, que a su vez la ha transferido a la Fiscalía General, con sede en Karlsruhe (oeste).
La Fiscalía General ha abierto un «sumario estructural» por crímenes de guerra contra Rusia en Ucrania, según publicaba ayer el diario «Passauer Neue Presse», con informaciones del ministro de Justicia, Marco Buschmann.
Dos exministros, la de Justicia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger y el de Interior Gerhard Baum, ambos del Partido Liberal (FDP) de Buschmann, han formalizado asimismo por su cuenta otras demandas por crímenes de guerra contra Rusia ante Karlsruhe.
La fórmula del «sumario estructural» se puede aplicar contra crímenes de guerra, incluso sin inculpados concretos, para recabar pruebas susceptibles de ser utilizadas posteriormente.
En este proceso entran también testimonios de refugiados y las pruebas van desde ataques contra objetivos civiles -como hospitales, bloques de edificios o infraestructuras- al presunto uso de bombas de racimo.
Para ello la Fiscalía alemana se basa en la Justicia Universal, cuyo protocolo suscribió el país en 2012.
Ello ha permitido abrir procesos en el país como el que llevó, en 2021, a la condena de un exjefe de los servicios secretos de Siria por complicidad en torturas sistemáticas. Actualmente se enjuicia a un médico sirio por implicación en crímenes de guerra del régimen de Bachar al Asad.
