Madrid.- La extradición a Venezuela de políticos que reclama el Gobierno del país, varios de ellos en España, conllevará que sean encarcelados y corran riesgo sus vidas, advirtió este viernes el opositor venezolano Leopoldo López.

El opositor se refirió durante una rueda de prensa en Madrid a una declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las que el pasado miércoles aseguró que pidió al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que «solicite la extradición» de López a España.

Al respecto, el coordinador del partido opositor venezolano Voluntad Popular calificó de «política» esa petición de Maduro.

«El encarcelamiento, la tortura y probablemente la muerte», alertó, es lo que espera a quienes sean entregados al Gobierno venezolano.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó en mayo pasado de que había solicitado a España la extradición de López, quien abandonó su país en octubre anterior de forma clandestina y se instaló en Madrid.

El político recordó que ya acudió a la Audiencia Nacional española para mostrar que no tiene «nada que esconder».

López citó los casos de otros opositores venezolanos en España reclamados por Venezuela, como Ernesto Quintero y Rolando Figueroa, para solicitar que no se entregue a ninguno de ellos.

«Sería un regalo al dictador Nicolás Maduro», aseveró, pues conllevaría «reconocerle un ápice de legitimidad».

Maduro dijo haber pedido a su canciller que se comunique con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, para que se haga la entrega.

En cambio, lo que espera Leopoldo López es que el nuevo ministro sea «proactivo» sobre Venezuela, pues «conoce bien» la situación del país, y España asuma su «responsabilidad» en ayudar a una salida a la crisis venezolana e incluso «lidere» dentro de la comunidad internacional los apoyos para que haya unas elecciones «libres».

El Gobierno venezolano reclama la extradición de López para que cumpla en su país el resto de los casi catorce años de cárcel a que fue condenado en 2015 tras ser acusado de incitar a la violencia, que según el Tribunal Supremo de Justicia de su país serían algo más de ocho años y medio por varios delitos.

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