San José,- El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes un crédito por 1.778 millones de dólares a Costa Rica que tiene como fin contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y que ahora deberá pasar por un proceso de aprobación en el Congreso costarricense.
El Gobierno de Costa Rica y el FMI alcanzaron el 22 de enero pasado un acuerdo a nivel técnico para el crédito conocido como Facilidad de Servicio Ampliado (SAF) y este lunes el directorio del organismo internacional aprobó la operación.
El presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, expresó su satisfacción por la aprobación del convenio SAF, ya que «se trata de un paso fundamental en el esfuerzo por restablecer la sostenibilidad fiscal y promover un crecimiento económico más fuerte, más equitativo y más sostenible».
El programa de apoyo financiero se desembolsará a lo largo de tres años y tiene como fin «respaldar las políticas propuestas por las autoridades del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal, afianzar la estabilidad monetaria y financiera e impulsar la recuperación económica en el contexto de la crisis causada por la pandemia», aseguró el Gobierno en un comunicado.
«El convenio con el FMI constituye un respaldo a las políticas fiscales, monetarias y financieras de las autoridades nacionales. Como consecuencia de ello, el acuerdo SAF le permitirá al país obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados locales e internacionales», agregó el comunicado oficial.
Para alcanzar este acuerdo con el FMI, el Gobierno costarricense se comprometió a implementar una serie de iniciativas para recortar el gasto e incrementar ingresos, que en su conjunto pretenden que el país alcance un superávit primario del 1 % para el año 2023 y que la deuda caiga al 50 % del PIB en el año 2035.
En 2020 el déficit cerró en el 8,1 % del PIB y el déficit primario (que excluye el pago de intereses) en el 3,4 % del PIB, mientras que la deuda se ubicó en el 67,5 % del PIB.
Del paquete de medidas la más polémica es una iniciativa de ley para reformar el empleo público, la cual busca eliminar algunos pluses, establecer salarios por categorías que abarquen todas las instituciones estatales, lo que según el Gobierno generaría ahorros por el orden del 0,66 % del PIB en 2022, del 0,95 % en 2023, del 1,23% en 2024 y del 1,52 % en 2025.
Grupos sindicales, las universidades públicas y algunas organizaciones sociales han expresado su rechazo a ese proyecto de ley y han protagonizado algunas protestas pacíficas en las últimas semanas.
