La solicitud fue hecha por la FIDH, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, ambas de la República Dominicana, que consideran que remitir la despenalización del aborto a un proyecto de ley «es enterrar la posibilidad que se despenalice en sus tres causales y reenviar la decisión a un tiempo insostenible».
«Es hora de que se garantice a las mujeres dominicanas sus derechos humanos, sexuales y reproductivos que figuran en las tres causales de despenalización del aborto, según la más moderna tendencia legislativa a nivel mundial», señaló Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De esta forma, agregó, «podríamos por fin salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica prohíben totalmente el aborto, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití», de acuerdo con un comunicado conjunto.
«Forzar a una mujer o niña a llevar a término un embarazo resultante de una violación o cuando el feto no es viable constituye un acto cruel, inhumano y degradante», declaró, por su lado, Gloria Cano, secretaria general de la FIDH.
Además, la criminalización del aborto profundiza la discriminación en contra de las mujeres más pobres que no pueden salir al extranjero para beneficiarse de servicios de aborto legal y seguro, y su prohibición absoluta empuja a que las mujeres recurran a otros mecanismos clandestinos y muchas veces extremos para abortar, poniendo en peligro su salud y vida, apuntó la nota.
La Cámara de Diputados comenzó el 25 de agosto a tramitar un polémico proyecto sobre la despenalización del aborto en el país, una semana después de enviar a una comisión especial el estudio del proyecto legislativo del Código Penal, presentado por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, sin incluir la despenalización del aborto.
El proyecto pretende que el país permita la despenalización del aborto cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación.
El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en dos ocasiones por el entonces presidente de la República Danilo Medina (2012-2020), debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
Aunque en República Dominicana está totalmente prohibido el aborto, organizaciones han denunciado que se practican miles y miles de abortos al año de forma clandestina, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
La República Dominicana se mantiene entre los seis países de América Latina que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.EFE
