San Salvador,- La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ignorar un fallo constitucional y seguir con la detención y confinamiento «forzoso» de personas que supuestamente se saltan la cuarentena domiciliar obligatoria lo ponen ante posibles consecuencias legales, según diversos expertos consultados por Efe.
El mandatario aseguró la noche del 15 de abril mediante su cuenta de Twitter que no cumpliría las medidas cautelares dictadas en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», publicó Bukele.
Esto se dio poco después de que el tribunal constitucional recordara, en una resolución de seguimiento de un habeas corpus, que le prohibieron «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria».
Datos oficiales consultados por Efe dan cuenta de que el Gobierno salvadoreño continúa con la práctica.
Según el sitio oficial del Ministerio de Salud, hasta la noche del domingo se encontraban 2.220 personas «restringidas» a nivel nacional «por violar la cuarentena». Este dato es mayor en 112 casos en comparación a los 2.108 registrados el 16 de abril pasado.
«DESACATO» Y CONSECUENCIAS
Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, «las consecuencias que puede tener para el presidente estas decisiones y estos actos» son penales.
«Este comportamiento, sin duda, implica el cometimiento, al menos, del delito de desobediencia», sostuvo el letrado y añadió que Bukele «pude ser sujeto» de una solicitud de antejuicio por la Fiscalía ante el Congreso para tratar de retirarle el fuero constitucional.
Añadió que también existe la posibilidad de que se presenten demandas internacionales «ante las instancias tanto regionales y universales», como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños, afirmó en declaraciones a Efe que con la continuación de las referidas detenciones «se está cayendo en desacato del cumplimiento de resoluciones judiciales».
Baños considera que las detenciones son ilegales, al igual que la orden del mandatario de instalar un «cordón sanitario» en la localidad costera de La Libertad.
«Lo que se ha hecho allí es establecer un estado de sitio focalizado y no existe ley alguna que dé fundamento jurídico para realizarlo», acotó.
Apuntó que con este cierre total del municipio de La Libertad «se estaría bloqueando el abastecimiento a las zonas más pobres» del departamento, que lleva el mismo nombre.
El «cerco sanitario» en La Libertad, que no registra ningún caso del COVID-19, se levantó la noche del domingo, sin que las autoridades dieran detalles de las razones sanitarias, las pruebas realizadas o la existencia de casos sospechosos en el lugar.
Abraham Ábrego, director de Acompañamiento a víctimas de la organización Cristosal, explicó que las acciones de la Fiscalía se pueden «iniciar de oficio» y también pueden incluir a otros funcionarios.
Añadió que la Sala de lo Constitucional también «puede ordenar por la fuerza que se cumplan sus resoluciones, que sería la medida más extrema».
«Cualquier tipo de estas violaciones que mencionamos podrían dar lugar a procesos de destitución de los funcionarios», sostuvo el activista de derechos humanos.
La Fiscalía General de la República anunció que investiga las denuncias de supuestas vulneraciones a los derechos humanos surgidas en los centros de contención, donde algunas personas han manifestado que han superado el tiempo establecido por las autoridades sanitarias para salir de cuarentena, pero siguen confinadas.
El fiscal general, Raúl Melara, visitó el sábado el sitio en el que se instauró el cordón sanitario y en días anteriores sostuvo que Ministerio Público «se mantendrá siempre como garante de la legalidad».
«En todo Estado de Derecho hay un sistema de frenos y contrapesos, al cual todos debemos someternos. La @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional) es parte de ese sistema y por ende, sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento», apuntó en sus redes sociales.
El presidente Bukele también mantiene una relación tensa el Congreso desde antes de la pandemia del COVID-19, dado que el 9 de febrero pasado ingresó al Palacio Legislativo escoltado por soldados y policías armados.
Recientemente, tras asegurar que los uniformados llegaron para dar seguridad, reconoció que fue una medida de presión para obtener fondos.
Diferentes organismos internacionales, incluida la CIDH, se han sumado a los llamados a respetar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
El Salvador registró 17 nuevos contagios de COVID-19, todos locales, con lo que el número total de casos positivos llegó a 218 y sin variación en la cifra de fallecidos (7), según datos oficiales.
