San Juan.- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo este lunes que la información que ofrece el Gobierno de Puerto Rico sobre el COVID-19 es «imprecisa» y esconde información, como, dijo, ya ocurrió tras el huracán María en 2017, por lo que se está «poniendo en peligro» la vida de los puertorriqueños.
A día de hoy el número de fallecidos por el coronavirus en Puerto Rico es de 21 personas, los casos positivos son 513 y el número de pruebas realizadas es de 4.951, según refleja el informe del Departamento de Salud difundido este lunes.
Sin embargo, la alcaldesa indicó hoy, en una conferencia de prensa, que las pruebas para detectar positivos que se llevan a cabo en su municipio no están incluidas en esas estadísticas que todas las mañanas ofrece el Departamento de Salud de la isla.
El municipio de San Juan ha realizado 1.055 pruebas a 1.054 pacientes, de las cuales 60 han sido casos positivos y 414 negativos hasta el viernes.
En la conferencia, la alcaldesa dijo que el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo que le había asegurado en el citado informe diario del departamento de Salud, se pondrán en un separado los de la alcaldía, tal y como se separa a los laboratorios o al Hospital de veteranos.
«Tenemos información imprecisa y estamos tomando decisiones como país con información imprecisa», dijo la alcaldesa, quien agregó que conoce el «empeño de algunos funcionarios del gobierno central en esconder la información. Este libreto ya lo vivimos tras los huracanes Irma y María, el de querer esconde la información. Los actores habrán cambiado pero la película es la misma».
Por último, se refirió a la cancelación por parte del departamento de Salud de una orden de pruebas de la COVID-19 rápidas a una empresa de construcción y dijo que el «chanchullo virus» se ha infiltrado en el ejecutivo.
Hoy la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, envió una carta a la gobernadora, Wanda Vázquez, en la que dijo que era «inaceptable» la orden de compra de los kits, por 38 millones de dólares, y recordó que todo desembolso mayor a 10 millones debe ser aprobado por la JSF.
«La forma en la que se logró el acuerdo no aparenta se consistente con controles internos, eficiencia y responsabilidad fiscal, criterios que deben guiar la adqusisición de productos y servicios por parte del Gobierno durante una emergencia. Los contratos antes descritos, sin consideración de procesos aplicables ni prácticas básicas de buena adquisición, son inaceptables», sentenció Jaresko.
El Gobierno ya ha recibido una devolución de 19 millones de dólares de la operación fallida de 38 que fue el adelanto que hizo a la empresa el gobierno.
