Madrid.- España cierra a partir de hoy toda actividad que no sea esencial, con el fin de reducir al máximo la movilidad de los ciudadanos y así evitar nuevos contagios y no colapsar el sistema sanitario, que ya está al máximo de su capacidad.
La pandemia ya ha dejado en España 6.528 fallecidos, 78.797 casos registrados y 4.907 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que acerca al sistema sanitario al borde del colapso.
El responsable de Emergencias sanitarias., Fernando Simón, advirtió ayer de que, pese a que hay un descenso en el ritmo de contagios sostenido en los últimos cuatro días, en seis de las diecisiete regiones españolas las UCI están al máximo de su capacidad.
Este lunes las grandes ciudades españolas amanecen prácticamente vacías, con las obras paradas y tanto los accesos por carreteras como por trenes de cercanías prácticamente vacíos.
Las actividades consideradas no esenciales permanecerán paralizadas desde hoy hasta el 9 de abril, período en el que los trabajadores tendrán un permiso retribuido, aunque tendrán que recuperar esas horas antes del 31 de diciembre de este año.
Sin embargo, la aplicación de esta medida, que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado y fue aprobada este domingo, ha provocado críticas entre las empresas, ya que hasta este domingo a última hora no se supo con exactitud qué sectores podían trabajar.
El ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, justificó este lunes la inmediatez en la aplicación de esta medida porque es la única manera de que sea “eficaz”, ya que perdería eficacia si fuera “gradual”.
Dada la confusión inicial, el Ejecutivo permitirá ir este lunes 30 de marzo a trabajar a empleados que, aunque estén incluidos en los supuestos del permiso retribuido, tengan que realizar tareas necesarias para la interrupción adecuada de la actividad, lo que puede afectar sobre todo algunas industrias y la construcción.
Además de las consideradas ya actividades esenciales, como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, el sector agroalimentario o el transporte de mercancías, se establecen más de una treintena de excepciones a la suspensión de actividad , que incluyen sectores como empleados domésticos, repartidores, cajeros de supermercado, la restauración para entrega a domicilio, los que trabajan en centros de mayores o quiosqueros.
Esta medida, ampliamente demandada por sindicatos y por algunos ejecutivos regionales, como el de Cataluña, ha contado con reticencias por parte de otros, como el caso del País Vasco, cuyo partido de gobierno, el PNV, ha apoyado hasta ahora todas las medidas del ejecutivo de coalición progresista español.
