El malestar de los opositores al gobernante de ultraderecha se agudizó con el menosprecio que ha mostrado frente a la emergencia sanitaria global, que llegó a calificar de «ficción» o «fantasía» alimentada por la «prensa de izquierdas».
Bolsonaro, quien cumple 65 años en dos días, ha contrariado todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y hasta se mezcló con manifestantes que, el pasado domingo, fueron a las calles de todo el país en apoyo a su Gobierno y contra el Parlamento y el Poder Judicial, al que acusan de obstaculizar al Ejecutivo.
Esas actitudes, adoptadas bajo sospechas luego descartadas de coronavirus, fueron censuradas hasta por antiguos aliados que le apoyaron en la campaña de 2018, seguidas por las caceroladas de los últimos días y hasta llevaron a un diputado de un pequeño partido a pedir un juicio político con fines de destitución.
A la condena se sumaron hasta el jurista Miguel Reale Júnior y la abogada Janaina Paschoal, impulsores del proceso que en 2016 apartó del poder a la presidenta Dilma Rousseff.
«Cuando las autoridades tienen el poder y el deber de adoptar providencias para evitar un resultado dañoso y así no proceden, responden por ello. Eso es homicidio doloso», declaró Paschoal, hoy diputada regional en Sao Paulo.
Según Reale Junior, «sería el caso» de someter a Bolsonaro a «una junta médica, para saber dónde está su juicio», pues frente a sus últimas actitudes «se podría requerir un examen de sanidad mental» para determinar «si está en condiciones» de ejercer su cargo.
¿CLIMA PARA UN «IMPEACHMENT»?
Pese al ruido, el clima político dista mucho del que en 2016 llevó al desalojo de Rousseff, en un proceso precedido por tres años en los que sonaron cacerolas, pero en los que millones de personas salieron a las calles casi mensualmente para exigir su salida.
A diferencia de las personas en las calles, el resonar de las cacerolas es más difícil de ser medido, hasta porque hoy existen aplicaciones que reproducen el ruido de los instrumentos de cocina y lo amplifican, como de hecho ocurrió este miércoles.
Cacerolas también se escucharon durante los Gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), muchas más con Rousseff, y todos fueron objeto de decenas de pedidos de «impeachment», que en Brasil pueden ser iniciativa de cualquier ciudadano.
Solamente uno prosperó y fue cuando Rousseff perdió la batalla política en las calles y también el control del Parlamento, que hoy, pese a sus diferencias con Bolsonaro, mantiene un apoyo mayoritario a la línea económica ultraliberal del Gobierno.
Ese apoyo también se expresa en la gestión de la actual crisis sanitaria, al punto de que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad un decreto que declara al país en «estado de calamidad» y le da al Gobierno más libertades para el manejo de los presupuestos.
Más allá de ese respaldo, la crisis del COVID-19 en Brasil -país con 210 millones de habitantes- está apenas comenzando, con unas cuatro muertes en cerca de 500 casos, y un proceso de destitución demora al menos seis meses y depende de las cámaras legislativas, que están casi en receso por la pandemia.
UN PRESIDENTE «IRRESPONSABLE» CON UN MINISTRO «SERIO»
La «irresponsabilidad» de Bolsonaro ha sido criticada en forma dura por toda la prensa tradicional, declarada «enemiga» por un gobernante que ha optado por centrar su comunicación en las redes sociales, en las que es el líder más popular de Brasil, con varios millones de «seguidores».
Pese a que las manifestaciones del pasado domingo apoyadas por Bolsonaro y a un tibio cacerolazo a su favor este mismo miércoles, el mandatario ha perdido algún terreno en las redes sociales.
Según mediciones de la Fundación Getulio Vargas, el número de publicaciones en Twitter a favor de Bolsonaro se ha reducido a la mitad en los últimos días.
En la oposición, así como se condena el menosprecio de Bolsonaro frente a la pandemia, también se reconoce la «seriedad» del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, a cargo de gestionar la crisis.
En ese marco, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), uno de los más enconados de la oposición, desautorizó en una nota oficial toda iniciativa que apunte a un posible juicio contra Bolsonaro y admitió que antes es necesario «ganar los corazones y mentes del pueblo».
Según el PSOL, «la prioridad debe ser la defensa de medidas que salven vidas», aún si las actitudes «irresponsables» de Bolsonaro hasta pudieran dar alguna base legal para un eventual proceso.
