Históricamente la ambición desmedida de políticos, partidos, grupos parasitarios que medran alrededor del poder ha generado desgracias mayúsculas a la salud de la República.
Endeudamientos excesivos que forzaron la entrega de las aduanas, extensiones de mandatos que parieron dictaduras, golpes de Estado con efímeros gobiernos de facto que obligaron a rebeliones frustradas por invasiones militares extranjeras, entre otros horrores.
Hoy, fallidas truculencias frustran el derecho fundamental de los dominicanos a elegir autoridades municipales y se socaba la credibilidad de instituciones fundamentales para el mantenimiento de la democracia y el país queda sumido en una crisis electoral, política y de credibilidad. Sepultada la confianza entre los actores nacionales. Otra vez la maldita intervención extranjera, realmente solicitada y celebrada por casi todos, contrario a l965 que OEA validó con engañifas ocupación militar norteamericana.
El gobierno y el PLD elaboraron un defectuoso libreto para culpar a la oposición de las fallas técnicas (“sabotaje”) que obligaron a la anulación del proceso de parte de la Junta Central Electoral, lo que provocó una amplia reacción de rechazo que movió a miles de jóvenes, muchos distantes de la actividad política y la lucha social, a concentrarse todas las noches con cartelones, banderas, cánticos frente al local de la JCE, reclamando la renuncia de sus miembros y el respeto a su derecho a votar. Hubo un efecto contagio y la actividad se ha replicado entre en numerosas provincias y ciudades de países con importante presencia de dominicanos como Boston, Nueva York, Madrid, entre otras. Los partidos de oposición enfrentaron al gobierno y aumentaron la presión sobre la Junta, que anunció inconsultamente nueva fecha para elecciones. Una reclamada audiencia pública, luego de algunas durezas, logró entendimientos fundamentales, aunque queda para una reunión esta tarde el histórico y gran problema de los procesos con voto manual en el país: escrutinio y transmisión de datos.
La crisis de credibilidad, y debido a consistentes pedidos de actores políticos como Luis Abinader y Leonel Fernández, candidatos presidenciales del PRM, y Fuerza del Pueblo, respectivamente, la JCE suspendió al director de Informática y anunció una investigación independiente a cargo de IFES y Uniore. El gobierno horas después informó que pidió al ministerio pública y la Policía dejar sin efecto la ya desacreditada indagación local y que acordó con OEA que el organismo regional hiciera una “auditoría_ investigación” de “lo ocurrido en el voto automatizado” con participación las ci¬tadas entidades extranjeras.
Los anuncios fueron respaldados por la oposición, que, empero, mantuvo el llamado a una marcha ayer domingo, aunque cambió el destino: ya no sería la sede de la JCE, sino el Altar de la Patria.
El empresariado agrupado en Conep, luego de intensos contactos y reuniones, planteó el sábado último la firma de un gran acuerdo entre los actores políticos y sociales, que entiendo sería imprescindible para realizar y respetar las elecciones de marzo y mayo y una posible segunda vuelta.
Suponiendo que lográsemos restaurar la confianza de los votantes, fundamentalmente de los jóvenes indignados, y compromisos y condiciones mínimas para comicios creíbles, quedará abierta la herida de la desconfianza nacional y que precisamos de la intervención externa para posibilitar la elección de nuestras autoridades.
Perdónenos, poeta, hemos revivido a la puta muerta…
