Santo Domingo, (EFE).- El Centro Bonó se unió hoy a las voces que se han pronunciado en contra de la reforma al Código Procesal Penal por considerar que representa un retroceso del estado derecho.
«El conjunto de estas reformas constituye un retroceso contra las garantías procesales propias de un Estado de derecho que busca proteger a la ciudadanía de los abusos de poder», argumentó.
Asimismo, consideró, en su acostumbrado análisis de coyuntura, que «es central conservar el principio constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, como establece el artículo 69 de la Constitución dominicana».
«Preocupa igualmente que se limite la presunción de inocencia y que se debiliten los contrapesos, límites y equilibrios a los abusos que pueden cometer las autoridades policiales en el uso de medidas de coerción», observó el Centro Bonó.
La entidad exhortó a las autoridades dominicanas a dejar sin efecto los actos de esta reforma, «pues los mismos envían un mensaje regresivo con respecto a la institucionalidad del Estado de derecho, sobre todo en un momento tan delicado de la convivencia nacional, en el que aumenta la sensación de inseguridad por el irrespeto a la ley y la impunidad generalizada».
El proceso de reforma debe retomarse con calma y mayor transparencia, dijo.
Por otra parte, llamó a la ciudadanía «a no dejarse engañar ni manipular en sus sentimientos y atender a sus justas preocupaciones sobre la proliferación de actos delincuenciales, exigiendo mayor coherencia en la política criminalística del Estado».
Pero al mismo tiempo exhortó a que las demandas ciudadanas en materia penal no legitimen la vulneración de las garantías procesales ni el debilitamiento de los medios de protección y defensa con los que deben contar las personas imputadas en el marco de un Estado de derecho.
El análisis de esta semana contó con la participación del abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, y Carlos Pimentel, miembro del movimiento cívico Participación Ciudadana. EFE
