Santo Domingo. El presidente de Alianza País, doctor Guillermo Moreno, advirtió que en la República Dominicana existe un problema muy serio, que es la migración ilegal sin control de haitianos, estimándose en un millón de personas la cifra que se encuentra en esa condición.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, afirmó que esa cantidad se traduce en un 10% de la población dominicana.

Entiende que esa situación arroja una idea de la gravedad del problema de la migración y la falta de control, que a su juicio se origina por la supuesta complicidad de autoridades.

“Ese es el problema serio que tenemos en la República Dominicana, y esa migración ilegal sin control es el fruto, en primer lugar, que las autoridades dominicanas no han tenido la fortaleza, la reciedumbre de aplicar la ley y controlar la frontera”, expuso.

Manifestó que la frontera es excesivamente porosa y objeto de contrabando, no solamente de mano de obra, migración ilegal, sino también de drogas, armas, trata de personas o cualquier cosa.

“El día que haya un gobierno que imponga el orden en la frontera y que no le tiemble el pulso para cada vez que detecte a un policía o a un gobernador o una autoridad dominicana cómplice con el tráfico de mano de obra, en este caso haitiana, pero también por ahí entran chinos, cubanos y de cualquier nacionalidad, el día que le apliquen con fortaleza la ley y como debe ser, entonces comenzará a cambiar el panorama de la migración haitiana y de la migración ilegal en el país”, explicó.

 

Opinó que ese es el problema central que tienen los dominicanos ahora, del cual responsabiliza a todos los gobiernos que han tenido el país, incluyendo el actual.

 

Moreno dijo que por eso trabajan en condiciones violatorias de la ley, que establece un 20% de mano de obra extranjera, versus un 80% de dominicana.

Con relación a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que establece criterios sobre la nacionalidad, calificó la decisión como inconstitucional porque viola un principio cardinal del ordenamiento jurídico dominicano y universal.

“En todas las legislaciones del mundo está consagrado irretroactivo de la ley”, enfatizó, tras afirmar que es un principio tan importante porque es la principal fuente de seguridad jurídica.

Argumentó que se ha creado un estado de inseguridad jurídica respecto de dominicanos que habían adquirido su nacionalidad conforme con la legislación anterior.

Asimismo, sostuvo que no es verdad que en el país “somos todos haitianos” porque esa es una nación diferente a República Dominicana.

Sin embargo, consideró que Haití puede tener su criterio sobre la sentencia del TC, pero bajo ninguna circunstancia hacer actos de intervención y de inmiscuirse en los asuntos internos de la República Dominicana.

El voto preferencial

 El presidente de Alianza País consideró que el voto preferencial no puede ser aprobado en las condiciones de desventaja que tiene políticos que ostentan posiciones electivas frente a los que no cuentan con cargos públicos, porque contribuiría a canibalizar los partidos.

“Cuando parte de los competidores, en este caso a cargos congresionales, disponen de un fardo de dinero con el cual podrán cooptar muchos de sus electores, y además de eso promover el clientelismo dentro de su partido y fuera de su partido o al margen de sus méritos y el liderazgo que tengan”, acotó.

Moreno planteó que la existencia del “barrilito” y el “cofrecito” de los senadores y diputados es un argumento adicional que hace imposible y le quita cualquier posibilidad de equidad a la existencia del voto preferencial.

El dirigente político sostuvo que ya de por sí habrán 32 candidatos a reelegirse como senadores, que cada uno dispone de RD$72 millones en el actual período de seis años

Asimismo, que los ha utilizado para lo que denominan obras de asistencia social, lo cual crea una distorsión que no es equitativa en la competencia electoral.

“La existencia del barrilito y el cofrecito es también incompatible con el voto preferencial”, enfatizó.

 

El ex fiscal del Distrito Nacional demandó la aprobación de una Ley de Partidos que garantice la transparencia en el origen de los fondos que se utilizan.

 

“Transparencia implica que haya mecanismos reales y haya la autoridad suficiente para verificar los recursos que está utilizando cada candidato en la promoción de su candidatura”, agregó.

 

Indicó que de detectarse que hay la utilización de recursos de origen no lícito o por medios no lícitos, debe procederse en contra de esas acciones.

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