Santo Domingo.- El Consejo Disciplinario del Ministerio Público ordenó por un período de sesenta días, la suspensión sin disfrute de sueldo, de los procuradores fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, Juan Carlos Hernández Castro y Víctor Manuel Mejía, tras declararles culpables de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

A través de las resoluciones 05 y 06-2013, el organismo responsabiliza a los procuradores fiscales de violar la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-03), por el hecho de solicitar la suspensión total o parcial de la pena en materia de tráfico de drogas narcóticas, por supuestos acuerdos con la defensa de los imputados, a sabiendas de que dicha suspensión es improcedente por la gravedad del tipo penal, que conlleva una pena superior a los cinco años de reclusión.

Establece, igualmente, que violaron los parámetros de persecución penal conforme la política criminal trazada por la Procuraduría General de la República en materia de tráfico de drogas.

Hernández y Mejía fueron acusados por la Inspectoría del Ministerio Público de cometer faltas graves en su desempeño. A los fiscales se les atribuyó realizar acciones impropias de un miembro del Ministerio Público, entre éstas, de incumplimiento reiterado de sus deberes, ejerciendo en forma indebida los derechos, al no observar prohibiciones e incompatibilidades legales en hechos que tienen consecuencias graves para los ciudadanos y el Estado.

Por esas acciones a los procuradores fiscales de Puerto Plata fueron responsabilizados de violar las disposiciones de los artículos 85, 91 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), así como el artículo 10 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento Disciplinario de dicha institución.

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La decisión fue adoptada por los magistrados Carlos Castillo, procurador general adjunto, en funciones de presidente del Tribunal Disciplinario, que también integran los magistrados José del Carmen Sepúlveda, procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Rafael Brito, procurador fiscal titular de Azua.

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