Santiago de Chile, (EFE).- Un grupo de diputados de oposición de derecha y ultraderecha presentó este martes una propuesta de juicio político (acusación constitucional) en contra del ministro chileno de Vivienda, Carlos Montes, por su presunta responsabilidad en una trama de irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas que sacude al país.
La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Montes, un histórico del socialismo chileno, sobre todo tras la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al llamado «Caso Convenios», y endureció el tono tras la derrota en el plebiscito constitucional del domingo.
Daniel Andrade, representante legal de una fundación ligada a uno de los partidos del Gobierno, y Carlos Contreras, exsecretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta (norte de Chile) están acusados de malversar subvenciones públicas por 426 millones de pesos (cerca 530.000 dólares).
«Cada día nos enteramos de más aristas dentro de este caso. Por un lado, parientes, amigos, amigotes de diputados. Por otro lado, autoridades que no hicieron su rol (…) A nuestro juicio y al juicio de nuestras bancas, (Montes) merece un reproche político», dijo el diputado Agustín Romero, del ultraderechista Partido Republicano.
En el documento presentado este martes, los diputados acusan al ministro de «no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización» y de no denunciar «los delitos respecto de los cuales toma conocimiento».
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.
El pedido de juicio político contará con los votos del Partido Republicano, la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI y Evópoli) y formaciones políticas más pequeñas, pero no con la Democracia Cristiana, el gran partido de centró que lideró la transición a la democracia y siempre gobernó con la socialdemocracia pero que ahora no forma parte del Gobierno.
Fracaso constitucional
La solicitud se presenta tres días después de que una mayoría de chilenos rechazara en las urnas una segunda propuesta de nueva Constitución elaborada por las derechas y decidiera cerrar el debate constitucional y mantener la carta magna actual, promulgada en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«La gente lo que nos ha dicho es, por favor, déjense de tonterías, abóquense a lo que nos importa: seguridad, desarrollo económico, resuelvan la crisis de salud y déjense de perder el tiempo como clase política», afirmó el diputado democratacristiano Eric Aedo.
Se trata de la quinta acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un ministro del Gobierno del progresista Gabriel Boric, pero ninguna se ha aprobado.
«Estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric y, si estima que no debo seguir, yo no voy a seguir. No soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado», subrayó a primera hora de la mañana el ministro Montes.
La fundación que está en el punto de mira estaba vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien se vio obligado a renunciar en agosto por las presiones de la oposición y antes de que se presentara otra acusación constitucional.
La salida de Jackson supuso un duro golpe para Boric ya que ambos son íntimos amigos desde las protestas estudiantiles que lideraron en 2011.
