Castellón, (EFE).- El jugador de golf Sergio García ha dicho que no tiene «nada que ocultar» tras declarar ante la jueza de Castellón que instruye el caso de un supuesto delito societario por la compra de unos terrenos en el campo de golf de la Coma, y se ha mostrado convencido de que la causa será archivada.
García ha acudido solo a la Ciudad de la Justicia de Castellón a las 9.45 horas, quince minutos antes de la hora a la que había sido citado a declarar como investigado.
En esta causa también figura como investigado el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, que ya declaró ante el Juzgado de Instrucción número 4 el pasado 19 de octubre, y el padre de Sergio García, Victoriano García, que también prestó declaración ese mismo día.
A su salida, Sergio García ha manifestado ante los medios que la declaración ha ido “perfecta”. «Hemos declarado y hemos dicho todo lo que teníamos que decir a la jueza, quien luego tomará las decisiones», ha señalado el golfista.
Asimismo ha indicado estar “tranquilo” porque no tiene «nada que ocultar” y se ha mostrado convencido de que se archivará esta causa.
El juzgado trata de esclarecer si se cometió un presunto delito societario en la compra de unos terrenos en el campo de golf de la Coma, gestionado por Golf del Mediterráneo, en la localidad de Borriol (Castellón).
El deportista ha declarado este jueves después de haber excusado su presencia en el juzgado el pasado 19 de octubre por tener una competición internacional de golf en Estados Unidos, según explicó su padre.
La denuncia inicial la presentaron en 2016 dos socios y liquidadores solidarios de la mercantil Golf del Mediterráneo SA contra la mercantil Golf Borriol SL, que presidía Carlos Fabra, y su consejo de administración por la venta tanto de los terrenos como la transmisión de la explotación de la actividad económica.
Estos denunciaron presuntas irregularidades cometidas por otros nueve socios de la empresa, entre ellos Carlos Fabra, y se abrieron entonces las diligencias previas de investigación por un presunto delito societario.
En 2017 el juzgado acordó el archivo provisional de esta investigación y la Audiencia Provincial confirmó este archivo. Sin embargo, posteriormente, al incorporarse nuevas pruebas (un informe policial), la Fiscalía solicitó la reapertura de la causa y se atendió esta petición, por lo que sigue ahora su curso con las declaraciones testificales de los procesados.
