El organismo recordó en X (antes Twitter) que el 7 de abril de 2022 «estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta».
La CIDH «expresa preocupación ante la reciente decisión del TC de Perú que pudiera derivar en la liberación de Alberto Fujimori», señaló en esa red social.
Este miércoles, el presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que las autoridades «deben proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El indulto ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018 después de que la CorteIDH pidiera al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Este mismo miércoles, no obstante, el magistrado del TC Manuel Monteagudo consideró «un imposible jurídico» que se afirme que la resolución que dictó el Constitucional ordena la excarcelación de Fujimori, a pesar de que el presidente de la instancia judicial declaró que sí debe ser liberado.
