El alto tribunal señaló que la sala plena decidió declarar «inexequible» el decreto y concedió «efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua».
Petro había decretado la emergencia en ese departamento caribeño alegando que «se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos» anunciaban «una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática».
El objetivo del mandatario era utilizar este mecanismo en esa región desértica ante las condiciones que allá se viven, especialmente la falta de acceso al agua y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.
Esta herramienta le permite aprobar decretos que, usualmente, deberían pasar antes por el Congreso.
Igualmente, el presidente trasladó a su gabinete a finales de junio a La Guajira para gobernar desde allí, recorrer varias de las poblaciones de la zona e incluso hacer anuncios en materia de transición energética, uso de los recursos hídricos o educación, entre otros.
La Guajira es el departamento con las cifras más altas de desnutrición infantil, con un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años el año pasado, en una región habitada mayoritariamente por comunidades indígenas wayuu que viven en condiciones muy precarias, con dificultades de acceso al agua, alimentación y otros servicios básicos.
Por esa razón, la Corte Constitucional ordenó este lunes al Gobierno y al Congreso adoptar «las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira».
La idea, agregó el tribunal, es garantizar «la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país», así como fortalecer «las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden».
