Lima, El Gobierno de Perú rechazó este viernes la demanda del sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y anunció una respuesta «contundente» del Estado.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó su «indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay», a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.
«Desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, otrora bastión del narcoterrorismo, he dispuesto que el Ministerio de Justicia organice una respuesta contundente del Estado», añadió al llegar en visita de trabajo a esa localidad del centro del país.
Boluarte remarcó que «ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas», pues «el dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos», en alusión a las pretensiones de la demanda de Polay.
A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que convocará este viernes a los titulares del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General del Estado, al procurador Público Especializado Supranacional, al procurador antiterrorismo del Ministerio del Interior y a los sectores involucrados en la defensa del Perú ante la CIDH, en mensaje compartido en la red social X.
«La posición y respuesta del Estado serán contundentes frente al burdo petitorio del terrorista Polay Campos», remarcó el primer ministro.
Polay, de 72 años, fue condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel, después de haber dirigido las actividades del MRTA entre los años 1980 y 1992, cuando fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales.
Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en Lima para tomar cientos de rehenes en 1996, pero fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.
El exlíder emerretista presentó una demanda ante la CIDH, que fue aceptada el año pasado, según se conoció esta semana en Lima, en la que reclama que se violaron sus derechos fundamentales al momento de su detención y que su reclusión en la Base Naval de El Callao violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.
El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas.
