Santo Domingo, Las empleadas de la Cámara de Cuentas que denunciaron el año pasado al presidente de ese órgano, Janel Ramírez, por supuesto acoso sexual y laboral, objetaron la decisión del Ministerio Público de archivar este caso, según informaron sus abogados este jueves.
El recurso de objeción fue depositado en el despacho de la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Vanesa Acosta, designada para investigar las acusaciones interpuestas por las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleadas de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas.
Ambas solicitan a la jueza ordenar al Ministerio Público ampliar las pesquisas sobre la acusación y revocar el archivo definitivo sobre esta cuestión, anunciada la semana pasada por el órgano persecutor tras «una exhaustiva investigación». El pasado 21 de julio, el Ministerio Público explicó que tomó la decisión «bajo la premisa de que, según las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual, establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano».
La instrucción del proceso estuvo a cargo de los magistrados Fernando Quezada e Isis De La Cruz, procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República. García Paulino y Correa Jiménez reclaman sanciones penales y civiles contra Ramírez, así como la reparación por daños y perjuicios y un juicio político contra el funcionario en el Congreso Nacional.
Al margen de esto, el presidente de la Cámara de Cuentas y los otros cuatro miembros de ese órgano fiscalizador están en la mira de los legisladores por supuestas irregularidades en ese organismo.
La comisión de diputados designada para investigar la situación interna en la Cámara de Cuentas recomendó que los cinco funcionarios sean sometidos a juicio político por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, un tema pendiente de debatirse en el Congreso Nacional.
