El Estado también pide prisión para acusados principales de Operación Trece

Santo Domingo,.- Los abogados que representan al Estado dominicano en el juicio por presunta corrupción administrativa, conocido como Operación 13, se adhirieron este martes a las penas de 12, 10, 8 y 5 años de prisión que solicitó en la víspera el Ministerio Público en contra de varios acusados.
Así lo dio a conocer la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en un documento enviado por la Procuraduría General de la República.
«En el día de hoy hemos avanzado en el proceso con la participación de todos los querellantes, quienes, además de adherirse en la parte penal a las penas solicitadas por el Ministerio Público, han presentado y han probado al tribunal por qué son merecedores de indemnizaciones civiles por los daños que le han ocasionado», dijo la fiscal.
Ortiz agregó que mañana «continuaremos entonces con los alegatos de las distintas defensas para ya dar término a este proceso», que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El órgano acusador, luego de presentar sus conclusiones ayer lunes ante el tribunal, solicitó que sea condenado a 12 años de prisión el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal acusado de Operación 13.
También, pidió una condena de 10 años de prisión para William Rosario Ortiz y que le sean impuestos ocho años de reclusión a 8 años Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta.
El Ministerio Público, además, solicitó cinco años de prisión suspendida, bajo reglas, para los acusados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa, quienes alcanzaron acuerdos con la Pepca.
Los fiscales también solicitaron al tribunal ordenar el decomiso de los bienes ocupados en el proceso.
Los acusados de Operación 13 son enjuiciados por presuntamente perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas celebrado el 1 de mayo de 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos.
El tribunal, integrado por su presidenta Claribel Nivar, Yissel Soto y Katherine Rubio, continuará la audiencia hoy.