La oposición chilena
Santiago de Chile,.- La coalición opositora Chile Vamos, que agrupa a los partidos de derecha, presentó este lunes ante la Cámara de Diputadas y Diputados una acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos, quien el sábado renunció por la controversia generada tras los polémicos indultos concedidos por el presidente chileno, Gabriel Boric.
El documento consta de dos capítulos: el primero, referido al perdón a doce presos del «estallido social», la ola de protestas populares que sacudió Chile en 2019, y a un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo radical armado que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), condenado por otro delito en 2014.
El segundo, por los supuestos «beneficios» concedidos a reos en la Macrozona Sur, escenario desde hace años de un complejo conflicto político, económico, social e histórico entre latifundistas, agricultores, el Gobierno central, pueblos originarios y empresas forestales que explotan bosques ancestrales.
“Hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara respecto de los indultos y beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur. Se otorgaron, infringiendo la ley, siete indultos. Es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía”, argumentó el diputado del partido Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, en el Congreso.
En su opinión, algunos decretos fueron “mal emitidos” en alusión al del frentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto a un banco en 2013, y a Luis Castillo, quien tenía tenía 5 condenas previas y 26 causas judiciales. Y otros, en especial los de la zona macrosur, fueron otorgados “bajo extorsión, amenazas, atentados terroristas y atentados incendiarios a funcionarios de Gendarmería y a población civil», afirmó sin ofrecer pruebas al respecto.
Longton agregó que el «Gobierno cede y la ministra no cumple con su rol de supervigilar, fiscalizar y sancionar a quienes hayan cometidos estos actos”. Los indultos han generado una nueva crisis política en Chile, la segunda de envergadura en los diez meses del Gobierno de Boric. El mandatario admitió «fallos» y aseguró que cuando estos se producen, quienes son responsables deben asumir su error.
Fallos cometidos el mismo día del indulto, en el que hubo que corregir nombres, y en la elección de los perdonados, que la oposición ha utilizado para aumentar la presión sobre el Gobierno después de que se conociera que uno de ellos tenía cinco condenas por delitos menores previas a la citada protesta.
La ministra portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, alimentó este lunes aún más la polémica al dejar entrever que el presidente se fió de la palabra de sus asesores y firmó los documentos sin estudiarlos a fondo.
Vallejo dijo que la decisión sobre los indultos presidenciales hubiera sido «distinta» si el mandatario, al que desde la oposición se le exige que los anule, «hubiera tenido todos los elementos a la vista».
Según la prensa local, los parlamentarios progresistas Luis Malla (Partido Liberal) y Carolina Tello (Partido Comunista) y los conservadores Henry Leal (Unidad Democrática Independiente), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Álvaro Carter (IND-UDI) serán los que integren la comisión que analizarán la acusación constituciona.
