Santiago de Chile.- La Cámara de los Diputados de Chile aprobó este lunes extender durante 15 días más la militarización de una zona del sur del país en la que existe desde hace décadas un conflicto territorial entre el Estado y comunidades mapuche, que se ha agravado en los últimos meses con una escalada de violencia.
Con 73 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones, la Cámara Baja despachó por novena vez consecutiva el oficio enviado por el presidente Sebastián Piñera, que solicitó renovar de nuevo el Estado de Excepción en cuatro provincias de las regiones del Bíobio y La Araucanía (al sur).
La medida, que todavía debe ver luz verde en el Senado, lleva vigente desde el pasado 12 de octubre y permite a las Fuerzas Armadas apoyar en operaciones policiales, una estrategia fuertemente criticada por la oposición y los movimientos indígenas que sostienen que solo pone más tensión sobre el conflicto.
Estas provincias del sur sufren recurrentemente episodios de violencia rural, que en el último año han tomado forma de disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos hechos se enmarcan en el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales en manos de poderosos grupos económicos.
La medida estará vigente hasta el próximo 25 de marzo y es la última extensión que ingresa Piñera antes de abandonar el cargo, el próximo viernes.
Asumirá la Presidencia el diputado y exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric, que ha manifestado abiertamente su posición contraria a la militarización.
Durante el debate, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió una vez más la propuesta asegurando que los hechos de violencia han disminuido desde que rige la medida y afirmó que «no va en contra de una etnia o pueblo originario determinado».
Sin embargo, desde la oposición mantuvieron su negativa y refutaron los datos entregados por el Gobierno.
Destrabar el conflicto en la zona sur se perfila como uno de los nudos más complejos para la administración entrante, que ha adelantando tener una disposición al diálogo con todos los actores involucrados y ha condenado en reiteradas ocasiones el uso de la violencia como herramienta de reivindicación.
