En Especial
Cristhian Jiménez
Santo Domingo. “Tápense las narices”, alentó el dirigente a los reticentes a entrar al Palacio de los Deportes a recibir la bendición electoral del detentor del poder, aunque algunos terminan su carrera burocrática con mayor fetidez que a la que rehuían.
La frase tendrá que ser asumida en otro contexto (y no solo por la mascarilla anti-Covid) al finalizar el 16 de agosto la gestión del presidente Danilo Medina y lleguen los nuevos inquilinos con aplastante apoyo popular y el eco al oído de fin de la corrupción y de la impunidad.
El “poder es una sombra que pasa”, como advirtiera un líder político, pero muchos en las alucinantes alturas del mando político olvidan ese principio que previene y evita consecuencias terribles a familiares, algunos arrastrados por quien se creyó premiado y otros cómplices conscientes del disfrute de los bienes públicos.
Escándalos de corrupción han afectado instituciones, sin consecuencias penales o con sometimientos a actores de reparto, sin alcanzar los roles protagónicos, todo esto con la indiferencia o participación en lastimosos libretos mediáticos del ministerio público.
En la construcción de obras de infraestructura han proliferado las denuncias de irregularidades, hasta con pérdidas de vida, por eso los ministerios de Educación y Obras Públicas (infraestructuras con sobornos de Odebrecht) , y la Oisoe han estado en el centro del candelero. Cuestionadas compras de terrenos para escuelas, sobrevaluaciones, presiones a contratistas para forzar abandono de obras, concentración de contratos en allegados o asociados, entre otras. (Procuraduría asumió la construcción de cárceles y corren versiones preocupantes).
En Industria y Comercio e Indotel hay temas pendientes graves, que al igual que en las instituciones citadas han sido solapados por los cambios de incumbentes. Algunos de los sustitutos podrían haberse cubierto con auditorias aun no reveladas.
En la permisología para importaciones en el ámbito agropecuario y para explotaciones agrícolas y turísticas que afectan el ambiente, también se reclama meter el escalpelo.
Las situaciones más graves parece que provendrían del sector eléctrico con las odiadas distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste) en planos importantes. Se adelanta que en las edes la hipertrofiada nómina no es lo peor, sino las intervenciones del poder político en millonarios negocios. (Fuentes internas informan que recursos de la Egehid fueron utilizados con intensidad en los procesos electorales recientes).
Punta Catalina es la “la joya de la Corona”, con el presidente Medina como principal abogado y lista, en plena producción, sin que su gobierno pudiera completar el proceso de venta de la mitad de sus acciones, para lo cual adelantó a la firma Guggenheim Securities un millón 625 mil dólares.
En la controversia desde el anuncio de su construcción por el uso de carbón mineral, el proyecto fue sacudido cuando estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, al aparecer en la lista de pago de sobornos. Medina quiso exorcizarla al nombrar una comisión mixta de empresarios y sociedad civil que validó la licitación y adjudicación, pero se hicieron “recomendaciones” que pudieran haber servido de argumento para rechazar el proceso.
Punta Catalina amerita una revisión “desde la varilla inicial…” Realmente desde antes de la firma del contrato, como proyecto en si, y como parte del entramado de corrupción de Odebrecht. Fue la firma brasileña que confesó trece pagos como sobornos para la obra, que procuraduría rehusó indagar.
La prioridad nacional, asumida por el presidente electo Luis Abinader es el combate a la pandemia y reactivación económica, pero eso no impide disponer las auditorias e indagaciones que permitan serias investigaciones de parte del ministerio público y sometimiento documentados contra los defraudadores del erario. Sin teatrales protagonismos ni atropellos.
