Por Luis Arambilet
El autor es escritor y cineasta.
Santo Domingo. Llegar a dar título exacto a este artículo ha costado millones de dólares a los contribuyentes dominicanos. El tema tiene pertinencia visceral, sobre todo ante el caudal de opiniones colectivas en un momento que se ha vuelto a repetir, con una periodicidad casi de rigor, el mismo conflicto entre la sociedad dominicana y los custodios de la voluntad popular ante las urnas.
Basta una visita al Archivo General de la Nación, al santo grial del Internet, o volver a disfrutar las comedias televisivas del siempre recordado y fecundo Freddy Beras Goico, en su papel de limpiabotas y en mancuerna con Cuquín Victoria, para entender que esto se ha vivido antes; con una diferencia demográfica importante, pues hoy día toda manifestación colectiva de protesta, exposición de ideas, propuestas o contrapropuestas, es exponencialmente mayor comparado al número de habitantes de nuestras grandes urbes en el siglo XX. La intensidad del mensaje es por ende más potente y aún más efectivo que en tiempos pasados, en virtud de que la misma tecnología provee cobertura mediática y social en tiempo real o con brevísimo diferimiento.
Entre todas esas voces críticas o apologéticas, intentando dar forma culpable a la cibernética y no a los yerros exclusivamente humanos, me parece que aún falta por limpiar de paja y polvo el tema tecnológico.
Quizás pueda excusar el atrevimiento y tener la propiedad de hablar de ello en virtud de que he estado estrechamente relacionado a ese tema desde hace casi cincuenta años, haber sido profesor de lógica matemática, análisis de sistemas y lenguajes de computación, así como observador tecnológico de la JCE convocado por la Sociedad Civil (sin cobrar un centavo y restringiendo mi derecho al voto) en dos períodos muy complejos de la historia dominicana.
Vale añadir que también soy parte de la generación del voto en contra (1974), una desagradable sensación de impotencia que embarga a todo joven pensante, ingenuo, utópico y políticamente virgen, que no transa su voto, y que se ve ante la disyuntiva de intentar escoger como administrador de la Cosa Pública, no al mejor sino al menos malo, o a la facción más radical, y fracasar en el intento al momento de las proclamas oficiales.
Entendiendo pues que todo se repite cuando la memoria es selectiva o asoma el Alzheimer colectivo y luego de haber expuesto credenciales mínimas, puedo aseverar que un sistema computarizado electoral es uno de los más sencillos en cuanto a diseño base. Apenas matemática simple y escasa lógica: suma (votos válidos), resta (votos nulos) y cálculos porcentuales propios de una correcta educación primaria.
Me consta, por observación y análisis, que con el sistema base electoral durante los mandatos de César Estrella Sadhalá y Juan Sully Bonnelly (1994-1998), como presidentes de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, acompañados por una dama del calibre de la jueza Aura Celeste Fernández Rodríguez, con sus atributos y sus valías como personas probas, dignas, blindadas e incorruptibles, se garantizó en aquellos momentos la basamenta de unos comicios diáfanos en términos tecnológicos.
Vale también acotar, que aquella tecnología por primera vez enlazaba todo el territorio nacional a través de un nuevo sistema de telecomunicaciones y un eficiente sistema de base de datos diseñado por UNiSYS, una corporación internacional fruto de la fusión de dos compañías con más de un siglo de experiencia cada una y que costó una quinta parte de lo que indican los medios de comunicación hoy día, respecto a lo invertido desde el 2016 al 2020.
Los sistemas electorales base, esos donde prima la matemática simple y lo irrefutable, son sistemas de largo aliento por diseño, es decir, sistemas que deben permanecer inmutables por períodos de tiempo dilatados (10-15 años), sin tocarlos, hasta que la obsolescencia de los elementos de comunicación (no así los de base de datos) o los equipos centrales de proceso, lo requieran.
Las inversiones necesarias y racionales, a partir de ese sistema base, son aquellas propias del mantenimiento o expansión de los servicios. Es decir, nuevas mesas electorales adicionadas, las altas, bajas o cambios en el registro de los votantes (por fallecimiento, mudanzas u otros) o equipos a ser reparados (aprovecho para indicar que la mayoría de los dispositivos periféricos pueden ser de mayor calidad que los actuales), los cuales incluyen, procesadores, equipos de visualización e impresión, reguladores de voltaje y demás pertinentes.
También puedo aseverar, como ejecutivo de tecnología que fui por varias décadas, que es inconcebible el extraordinario gasto público derivado de los recambios frecuentes de tecnología para apoyar el sistema electoral nacional. Tal parece que cada nueva Junta Central Electoral dominicana, elegida en el siglo XXI, detectase obsolescencia inmediata en sus sistemas internos y justifican alegremente espeluznantes cifras de inversión que causan mareos, sobre un tema poco justificado y peor aún, poco entendible para los que toman las decisiones financieras.
Las auditorías deben empezar analizando la necesidad real de cambio de sistemas tan sensitivos para la seguridad nacional, como el electoral. Ese es un tema al que debe solicitarse la opinión de la Sociedad Civil dominicana a través de un panel de expertos certificados, e incluso avalarse con solicitud de reportes desinteresados de institutos tecnológicos y organizaciones no gubernamentales reputadas, locales e internacionales.
Un sistema electoral, por razones de seguridad y para minimizar riesgos, debe estar totalmente aislado de otras funciones automatizadas de la misma dependencia, puesto que procesos más complejos inherentes a otros sistemas administrativos (contabilidad, compras, finanzas, recursos humanos, u otros) no deberían convivir con el sistema base de votación y consulta al Registro Civil. Los niveles de seguridad física y digital deben ser mucho más rigurosos y exhaustivos en este último, incluyendo desde cortafuegos virtuales hasta sistemas de contraataques externos a un nivel comparativo al de los sistemas de defensa más avanzados.
La decisión de dar saltos tecnológicos “probados” o que “ya han funcionado perfectamente en otros lugares”, con frecuencia crea una falsa sensación de seguridad en sus ejecutantes, quienes obvian adrede, u olvidan, que la tecnología está estrechamente ligada a la realidad de las naciones que las adoptan.
Para no ir muy lejos, las comunicaciones y los equipos de escritorio del sistema electoral requieren de energía eléctrica, sistemas de respaldo redundante en óptimas condiciones, e idealmente, enlaces con sistemas adicionales basados en energía renovable. Todo lo cual, aún está por lograrse a cabalidad acá y que requeriría de un interesante análisis por separado.
Adicionalmente, se requiere de cuestiones de sentido común en armonía con nuestra colorida geografía tropical. Las últimas dos veces que he ido a votar, el resultado de la acción computarizada se traduce en una impresión en papel térmico que a su vez se deposita en una urna como comprobante físico de un sistema que termina siendo híbrido. Ese papel, que es la prueba física, la garantía real –ojo, luego de ser corroborada por uno mismo y que encomendados esperamos llegue a destino seguro y sea bien resguardado–, resulta ser uno de los más frágiles a la humedad (de los dedos húmedos o con grasita de frituras, o peor aún, de las lluvias de mayo) y que en caso de un fenómeno pluvial, por ejemplo bajo una enramada en Boca de Cachón, se deterioraría muy fácilmente.
Este reciente torneo electoral falluto que ha creado, con toda razón, tanta exaltación en estas frustradas beta elecciones digitales 2020, no solo ha costado una buena cifra en dólares (difícil de cuantificar pues muta a diario), sino que también ha dejado clara la necesidad de que esos niveles de inversión deberían contener en sí mismos garantías de personal suficiente para labores de mantenimiento, garantías de transmisión a alta velocidad, garantías en equipos de respaldo en caso de averías, así como garantías de calidad en los procesos. En particular, uno tan ridículamente elemental como el mentado culpable de nuestras desgracias y generador nacional del batir de las cacerolas: el de reinicialización de datos o carga computarizada actualizada. Ese proceso debe hacerse en base a un cronograma realista con veda de 48-72 horas, para descargas a los miles de equipos en las mesas, por igual, en ciudades con alta densidad motriz o parajes de difícil acceso y no con inaceptables transmisores/receptores de baja velocidad.
Luego de invertir RD$ 2,800 millones desde el período 2016-2020 y tener equipos descartados por los propios técnicos de la JCE desde hace cuatro años pagando decenas de miles de dólares mensuales en un galpón, y ni hablar de millonarios dispendios similares desde el año 2000 a la fecha que han pasado olímpicamente al olvido, algunas de las preguntas lógicas serían:
¿A qué nos exponemos pues al volver a la boleta física? ¿Qué se gana y qué se pierde en estos procesos donde no falla la tecnología sino quienes la ponen en ejecución, donde empresas poco conocidas ganan licitaciones tras licitaciones que discurren sin pena y sin gloria, a un altísimo costo por parte de los contribuyentes?
Una de las razones de peso para invertir en un proceso computarizado electoral es la de reducir a casi cero el tiempo en obtener los resultados finales de los comicios, con calidad, garantía constitucional y certeza suficientes. Lo anterior, para reducir o evitar las incidencias propias de esas pausas de conteo en que todos los participantes con cuadros hipertensos se sienten vencedores antes de que suene la campana. Resulta ser nuestro sistema electoral, a fin de cuentas, un turbo bastante costoso y que puede ser mejor administrado.
Con los ánimos exaltados por la reciente suspensión y posterior posposición de las elecciones municipales, cada segundo cuenta a favor o en contra de un clima de paz y respeto.
Volver a paso de cangrejo al proceso manual por razones de ineficiencia, considerando la composición demográfica del electorado y la cantidad de mesas en cuestión, diseñadas en base a un sistema diferente, es sinónimo de volver a las consabidas jornadas agotadoras de cálculos y recálculos e interminables discusiones partidarias.
En apenas tres semanas habrá de imprimirse cantidades suficientes de boletas con características mínimas de seguridad (si se rompe la cadena de custodia por un segundo hay problemas varios que todos recordamos décadas atrás), habrá que reagrupar mesas y cambiar votantes pues las estadísticas de atención computarizada arrojan estadísticas de atención per cápita diferentes; aunque en rigor, con tantas carencias esenciales, de información y entrenamiento básico, el proceso automatizado ha terminado siendo de todas formas un engorro en las primeras horas de la mañana.
Si recuerdan las elecciones manuales, la cantidad de votos observados y nulos se dispara cuando se utilizan marcadores y boletas físicas, y cada voto con esas características es objeto de análisis y discusión por parte de los delegados de los partidos, hasta a veces, por falta de sueño o exceso de café, resolverse las diferencias a las manos; y de ahí al desorden mayúsculo, solo hay un paso que debe evitarse a toda costa.
A modo de toalla que se tira al ring, ser parte integral del personal técnico de la Junta Central Electoral no es cosa sencilla ni de juego, esas personas son objeto constante del escrutinio de al menos tres organismos de Seguridad del Estado, a ellos llegan todas las limitaciones y precariedades propias del sistema y ninguna de las migas del pastel que a veces se come en otras mesas, propias de algunas transacciones comerciales que ocurren hasta en la China.
Ya para concluir, no deja de sorprender que en China, además de gestarse el coronavirus, existe la pena de muerte por cincuenta y cinco delitos diferentes (hasta el 2011 eran sesenta y ocho), entre ellos, para matizar: amenaza a la seguridad pública, instigación a la división del país, fraude fiscal grave, aceptar un sobre con dinero por debajo de la mesa, intentar sacar del país una reliquia budista, sodomía y corrupción de funcionarios.
Ponderando lo anterior, habla muy bien de una sociedad el que existan tantos chinos en China.
Pregunta ahora mi hijo menor, en cuya cédula de identidad pone NO VOTA pero probablemente lo hará en el 2024:
– ¿Papá, cuánto es que se ha gastado en compra y mantenimiento de equipos para la JCE en los últimos 20 años?
¿Alguien sería tan amable de iluminarlo?
Los intentos que desde el año 2016 ha venido realizando la Junta Central Electoral (JCE) para lograr la agilización del cómputo y automatizar las diferentes fases de las elecciones, le terminarán costando al Estado dominicano en el 2020, más de RD$2 mil 800 millones.
En los comicios del 2016, la JCE apostó al uso de equipos para la automatización del registro de concurrentes y escrutinios de los votos, que conllevó la inversión de US$39.7 millones, unos RD$1,794.44 millones a la tasa de ese entonces (RD$45.20).
La tecnología fue adquirida a la empresa Indra Sistema, pero una evaluación realizada por la Dirección de Informática de la (JCE) estableció que los 49,200 equipos entre escáneres, impresoras y lectores de huellas no están aptos para ser usados en procesos electorales futuro. Actualmente reposan en un almacén por el que se paga una mensualidad de US$25 mil.
