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La campaña para el plebiscito comienza en Chile con un llamado a la austeridad y el respeto

Santiago de Chile, 26 feb (EFE).- La campaña política para el crucial plebiscito del 26 de abril en el que los chilenos decidirán si reemplazan la Constitución promulgada en 1980 durante la dictadura militar comenzó este miércoles entre llamados de las autoridades a los partidos a ser «austeros» y «respetuosos» con las opiniones contrarias.

Los partidos políticos, muy desprestigiados en la sociedad chilena, pueden desde este miércoles divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en redes sociales, en la prensa escrita o en la radio, pero no en la televisión, donde los anuncios solo están permitidos un mes antes del referéndum.

El presidente del Servicio Electoral de Chile (Servel), Patricio Santamaría, pidió en una rueda de prensa que la campaña sea «lo más austera posible» porque «más que el dinero, lo que importe son las ideas, la reflexión, el debate respetuoso, con amistad cívica».

«Tenemos la oportunidad histórica de resolver un tema tan relevante como contar o no con una nueva Constitución», agregó, tras mantener una reunión con el presidente Sebastián Piñera, que ha ordenado a sus ministros no posicionarse sobre el proceso y limitarse a alentar la participación, muy diezmada en las últimas elecciones presidenciales.

PLEBISCITO HISTÓRICO

Se trata del plebiscito más importante y el que más ha polarizado a la sociedad chilena desde aquel que en 1988 puso fin al régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y en el que la propaganda televisiva jugó un papel determinante para el triunfo del «No» con el 55,9 % de los votos.

«Como cualquier familia chilena, estamos divididos entre el apruebo y el rechazo», reconoció en rueda de prensa Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (PR), el partido de Piñera y donde los militantes tienen libertad de acción para hacer campaña por las dos opciones.

El plebiscito es la principal apuesta del mandatario para desactivar la grave crisis que vive el país desde octubre pasado, con una treintena de fallecidos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema y acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Todos los sondeos apuntan a que arrasará la opción del «apruebo», pero sus defensores piden no confiarse y los expertos auguran que será una campaña muy crispada y polarizada. Según el último informe de la consultora Cadem, el 67 % de la población está a favor de una nueva Constitución, frente a un 27 % que se manifiesta en contra.

«Los dirigentes deberían hacer un esfuerzo, esto no es una elección presidencial. Se trata más bien de buscar acuerdos que den garantías de equidad y justicia a todos los sectores políticos en el largo plazo», apuntó recientemente a Efe Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

La oposición de centro-izquierda e izquierdas es partidaria en bloque del cambio constitucional, aunque no hará campaña de manera conjunta como sí lo hizo en 1988, algo que los expertos creen que podría restarle votos.

CAMPAÑA CONSTRUCTIVA VS CAMPAÑA DEL MIEDO

El presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, aseguró este miércoles en rueda de prensa que los mensajes que promoverá su formación serán «constructivos» y alejados de «la campaña de desinformación y de temor» de los sectores más duros de la colación oficialista, integrada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha.

«Es hora de dejar las cadenas de la constitución de Pinochet», agregó por su parte en Twitter la coordinadora de la campaña en el opositor Partido Demócrata Cristiano (DC), Carmen Hertz.

La derechista y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) es el principal enemigo del proceso constituyente y aboga por seguir reformando la actual Constitución, reformada en más de 40 ocasiones durante la democracia y vista por gran parte de la sociedad como el origen de la gran desigualdad que afecta al país por su corte neoliberal.

Los chilenos tendrán que decidir también en abril qué órgano sería el encargado de redactar el eventual nuevo texto: una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

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