Hong Kong, (EFE).- La Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong entró en vigor este sábado, tan solo cuatro días después de su aprobación por unanimidad en el Consejo Legislativo y en medio de crecientes críticas internacionales por su posible impacto en las libertades y autonomía de la ciudad.
El jefe del Ejecutivo, John Lee, rubricó este viernes la ley y la promulgó en la Constitución, al tiempo que afirmó que estaba cumpliendo “una misión histórica acorde a la confianza depositada por las autoridades centrales chinas”.
Lee enfatizó que esta nueva normativa desempeña un papel crucial al proporcionar un entorno seguro y estable para las actividades comerciales y las empresas, y que, “sin este marco legal, podrían enfrentar pérdidas financieras, ser objeto de sabotaje o incluso sufrir ataques”.
El gobierno de la excolonia británica subrayó la urgencia de promulgar el Decreto en cumplimiento de su obligación constitucional, para lo que se requiere implementar una normativa local que cubra las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020, tras las multitudinarias protestas que sacudieron la ciudad el año anterior.
El Artículo 23 tipifica una serie de crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse y connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
Debate y críticas feroces
La reforma ha generado un intenso debate y ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas» que ha sido fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad.
“La razón por la que la ley ha sido tan rápidamente aprobada y por unanimidad, son las críticas de (el presidente chino) Xi Jinping al Ejecutivo por haber sido incapaz de promulgarla antes», explicó a EFE el sinólogo del centro de estudios chinos Usanas, Frank Lehberger.
Según el experto, a partir de ahora, «todo individuo que represente una amenaza mortal para la supervivencia del régimen comunista tiene el potencial de convertirse en objetivo, especialmente los hongkoneses, que solían gozar de libertades individuales legalmente garantizadas y que nunca han existido en China continental desde 1949».
Además, advirtió de que con esta poderosa herramienta la ciudad semiautónoma está en camino de convertirse en un lugar caracterizado por “la incertidumbre, la sospecha, la intimidación, las denuncias y el miedo a ser encarcelado sin un juicio justo en los tribunales, lo que proyectará una sombra oscura sobre cualquier interacción profesional o comercial”.
Honk Kong se defiende
En respuesta a las críticas internacionales, las autoridades locales han rechazado lo que consideran «maniobras políticas con comentarios sesgados, tergiversadores de los hechos, alarmistas y propagadores del pánico».
Por su parte, el subsecretario de Justicia hongkonés, Horace Cheung, declaró esta semana ante el Consejo de la ONU que la ordenanza “protegerá mejor al país y a la ciudad de auténticas amenazas a la seguridad nacional en un contexto geopolítico cada vez más intrincado.”
Tras subrayar que la normativa “se ajustará estrictamente a los principios del derecho y las prácticas internacionales”, Cheung aclaró que “existen excepciones y defensas apropiadas”, y reiteró que “los derechos y libertades de las personas estarán plenamente protegidos de acuerdo con la justicia”.
Aunque tanto el gobierno chino como el hongkonés garantizan la seguridad de los negocios, varios grupos empresariales han expresado su preocupación por las amplias definiciones que se esbozan en la nueva ley, especialmente en lo relativo a los secretos de Estado y espionaje.
En este sentido, la Unión Europea, expresó su preocupación por el posible impacto a largo plazo en el centro internacional de negocios, advirtiendo de sus importantes efectos en las operaciones de su oficina en la ciudad, así como en las de otras organizaciones y empresas.
El gobierno local ha tratado de apaciguar las preocupaciones al afirmar que la norma se dirige a «una pequeña minoría de personas» que ponen en peligro la seguridad nacional, e insiste en que protegerá plenamente las actividades normales de las instituciones, empresas y personal extranjeros que no violen la ley de forma voluntaria.
