Washington La falta de planes para la reintegración social de las mujeres privadas de libertad, la criminalización por abortos y el encarcelamiento de defensoras de derechos humanos, fueron motivos de denuncia este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sesión donde se expusieron varios casos en Latinoamérica.
Representantes de diferentes organizaciones de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y México denunciaron la situación de miles de mujeres que guardan prisión y de otras que recuperaron su libertad pero no tienen oportunidades laborales y económicas para regresar a la sociedad.
Claudia Cardona, de la organización Mujeres Libres de Colombia, manifestó que falta preparación para dar libertad a las mujeres, ya que sin apoyo psicosocial no se pueden recuperar los vínculos rotos por el tiempo en prisión, sumado a la carencia de recursos económicos.
«Sin en el apoyo adecuado las mujeres que recuperan su libertad regresan a la violencia de sus parejas y exparejas», enfatizó Cardona.
Agregó que las ocupaciones que se enseñan en las cárceles no las preparan para un empleo formal. «Hacer pulseras y tejer no ayuda a generar una remuneración justa y promueve la explotación laboral», dijo.
Señaló que el sistema financiero las expulsa negando créditos, en tanto que las universidades públicas y privadas les rechazan solicitudes de becas por sus antecedentes.
Asimismo, Andrea Barrios, de la institución Artesana de Guatemala, manifestó que no existen oportunidades de reintegración por parte del Estado y las pocas que se generan son autogestionadas y reproducen roles de género que no permiten una independencia económica.
«El Sistema Penitenciario promueve el ocio, como una manera de ahorrarse trabajo con hasta 23 horas encierro al día», dijo Barrios
Señaló que en Guatemala, al igual que en el resto de la región, la mayoría de mujeres que ingresan a prisión tienen entre 18 a 35 años, son de escasos recursos, sin mucha escolaridad y muchas son madres solteras.
Barrios informó que en una encuesta realizada a más de 200 mujeres que recuperaron su libertad, el 50,% no encuentran trabajo al salir de prisión, el 26,% recurre al trabajo informal y el resto piensa en migrar a los Estados Unidos.
Por su parte, Teodora Vázquez, de Mujeres Libres de El Salvador, denunció la criminalización a mujeres por abortos: «En 1997 se prohibió el aborto en el país, se calificó como homicidio agravado, esta ley fue creada por conservadores y religiosos», mencionó.
«La legislación penaliza el aborto con penas de 30 hasta 40 años de cárcel (…) es lamentable que cientos de mujeres han ido a prisión por crímenes que no cometieron», sentenció Vázquez.
Defensoras de derechos
Sonia Acabal, de la Red de la No Violencia contra las Mujer de Guatemala, abogó por las mujeres defensoras de derechos humanos encarceladas en Centroamérica.
Denunció la falta de programas de reincorporación para las mujeres que lucharon contra la impunidad en sus países, «luego de estar en la cárcel al salir parece que no existen».
«Las operadoras de justicia que no continúan con su carrera, tienen limitaciones por procesos abiertos o porque tienen una medida sustitutiva», resaltó.
Puso como ejemplo los casos de las operadoras de justicia guatemaltecas Virginia Laparra, Samari Gómez y Claudia González, entre otras.
«Al ser profesionales se espera que se encarguen de su propia reinserción», indicó Acabal.
Puntualizó en el caso de la defensora indígena Sebastiana Pablo, «ella es una mujer monolingüe, que al regresar a su casa encontró desolación, estigmatizada y criminalizada, con la imposición de una medida racista y patriarcal con un servicio comunitario de levantar basura».
Recordó también a las presas políticas de Nicaragua, que sufren de una «desnacionalización», ya que no tienen pasaporte y se les quitaron sus casas.
«En este caso el principal obstáculo a la reinserción es el castigo del propio Estado (…) se les negó el derecho al trabajo, sus hijos, hijas y familia sufren acoso», subrayó.
Edgar Ralón, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, aseguró durante la sesión que la reinserción social es un tema priorizado en su plan estratégico 2023-2027.
