Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que están buscando sacarlo del cargo, al comentar un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
«Quiero expresar mi solidaridad al sindicato Fecode, que fue allanado el día de hoy, el allanamiento de una organización de trabajadores buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la república de la Presidencia», expresó Petro durante el acto ‘Acciones por la vida’ en la localidad de El Charco, en el departamento de Nariño (suroeste).
Según medios locales, la Fiscalía y la Corte hicieron un registro en la sede de Fecode en Bogotá como parte de una investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro.
La investigación se basa en el supuesto aporte de 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares) que hizo esa organización a la campaña de Petro y que no fue reportado a la autoridad electoral, como lo ordena la ley.
Por eso el mandatario, que está gobernando junto a su gabinete esta semana desde Nariño, en la frontera con Ecuador, aseguró que pensaba que «los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que financian a los políticos».
«Ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar del narcotráfico», añadió.
Esta es una de las investigaciones que realizan diferentes autoridades por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial Petro en 2022, en las que se investiga, entre otros, al primogénito del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez.
Todo comenzó cuando en junio pasado varias publicaciones periodísticas revelaron audios de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante la campaña, en los que hablaba de dineros supuestamente ilegales recibidos cuando era candidato presidencial.
En los audios enviados a la exjefa de gabinete Laura Sarabia (actual directora del Departamento de Prosperidad Social), el exembajador alega que él recaudó esos «15.000 millones de pesos» (unos 3,7 millones de dólares) para la campaña de Petro y le dice que si él cuenta quiénes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán «todos presos».
Todo ello fue asunto de investigación, que más tarde derivó en la detención de Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso en el que también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser presidente.
