Santo Domingo, (EFE).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este sábado para el martes 9 de enero la audiencia contra siete acusados de integrar una supuesta red acusada de estafar con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios.
La presunta red estaba encabezada por Emmanuel Rivera Ledesma e integrada por Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, contra quienes el Ministerio Público solictó prisión preventina.
Están acusados de estafar aproximadamente 700 millones de pesos a más de 300 personas, de acuerdo con el Ministerio Público, que asegura que el número de afectados puede ser mayor.
La audiencia de este sábado fue aplazada a solicitud de algunos de los abogados de los imputados para conocer más a fondo la acusación.
«La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron», de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Algunos de los estafados eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma, cuando estos les reclamaban por su incumplimiento.
Así operaba la red
Rivera Ledesma los desafiaba a ir a la Justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada, dijo la Procuraduría.
La presunta red criminal utilizó vehículos de las firmas Indisarq, CRD Equipos Pesados, Grupo Wimar, y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce, siempre de acuerdo con el órgarno de persecutor.
Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas, dijo el Ministerio Púiblico.
