La Paz,(EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia pidió este jueves a la Asamblea Legislativa que «reencamine» el proceso de preselección de candidatos para los comicios judiciales que debían realizarse el año pasado pero fueron postergados.
El presidente en funciones del TSE, Francisco Vargas, se refirió al tema durante la presentación en la ciudad de La Paz del informe de actividades realizadas por el ente en 2023 y la inauguración del año electoral 2024.
Vargas recordó que los actuales altos magistrados de los principales tribunales del país cumplieron a fines de 2023 el periodo de seis años por el que fueron electos en los comicios judiciales celebrados en 2017.
El proceso para elegir a nuevos magistrados «debió realizarse el año pasado» y no se hizo, «aspecto que sin lugar a dudas es negativo para la salud de la democracia boliviana», señaló.
«Este proceso debe ser reencaminado por la Asamblea Legislativa en base a un gran acuerdo nacional en el que los actores políticos depongan actitudes partidarias y piensen en la institucionalidad del país», remarcó Vargas.
El vocal aseguró que el TSE «realizó todo lo indispensable» y «contaba con todas las herramientas necesarias» para la ejecución del proceso electoral en 2023 «a pesar de los distintos imponderables que pospusieron la preselección de postulantes».
También indicó que el órgano electoral realizó distintas actividades de planificación para las elecciones judiciales y contaba con un calendario que se fue ajustando a la espera de que el Parlamento envíe la nómina de postulantes preseleccionados, lo que finalmente no ocurrió.
Vargas recordó que los vocales advirtieron en julio pasado que para que las elecciones judiciales se realicen el 3 de diciembre y las nuevas autoridades judiciales tomen juramento el 2 de enero de este año, era «imprescindible» que el proceso de preselección se realice «oportunamente» en el Legislativo.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
En 2023, el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.
A falta de elecciones, el TCP dispuso hace tres semanas la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de este mes y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para «evitar un vacío de poder» en ese órgano mientras se elige a las nuevas autoridades.
El Gobierno de Luis Arce ha justificado la prórroga, mientras que diversos expresidentes, oposición y expertos la criticaron al considerarla un «golpe judicial». E
