Santo Domingo, (EFE).- Un tribunal de Santo Domingo dispuso este jueves la libertad condicional para el exministro dominicano de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que guardaba prisión domiciliaria por su supuesta vinculación con el entramado de corrupción desmantelado en marzo pasado mediante la operación Calamar.
Además de variar la medida de arresto domiciliario por la de libertad condicional, la jueza Patricia Padilla impuso al acusado una garantía económica de 20 millones de pesos (unos 347.523 dólares) e impedimento de salida del país.
A su salida de la audiencia, Castillo dijo sentirse «muy bien, muy satisfecho» con la medida, que le permitirá pasar en familia la Nochebuena, dijo en declaraciones a los periodistas quien también fuera candidato presidencial en las elecciones de 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora en la oposición.
El exministro afirmó que siempre confió en que «la justicia finalmente triunfa» y manifestó su deseo de «seguir viviendo y trabajando en este país y seguir construyendo sueños para los dominicanos», aunque no aclaró si tiene intención de volver a la política activa.
Además de anunciar que visitará a sus progenitores en cuanto le sea posible, trasladó al pueblo dominicano su deseo de «una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo», y agradeció «todas esas muestras de solidaridad que han tenido todos conmigo» en este proceso.
Antes que Castillo, el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el antiguo titular de Hacienda Donald Guerrero obtuvieron la libertad bajo fianza tras guardar varios meses de prisión preventiva, siendo los únicos imputados enviados a la cárcel de los veinte detenidos por este caso.
El Ministerio Público acusa a esas veinte personas de sustraer al Estado dominicano más de 19.000 millones de pesos en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política de 2020.
Además de Peralta, Castillo y Guerrero, el Ministerio Público imputó por este caso al excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Recientemente, el Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación del supuesto entramado de corrupción.
