La política, que tendrá que dejar su puesto en el Legislativo, se encuentra en proceso de solicitud de libertad bajo fianza, informó la oenegé Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR).
Rukchanok, que forma parte de la plataforma progresista que venció contra pronóstico en las elecciones de mayo aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar, fue encontrada culpable por publicar en 2020 dos mensajes en las redes sociales que criticaban a la Casa Real de Tailandia.
En los mensajes en Twitter (ahora X), la tailandesa criticó el monopolio que un laboratorio médico vinculado a la monarquía tenía para la fabricación de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 y retuiteo fotografías de una manifestación que contenían mensajes supuestamente antimonárquicos, apunta TLHR.
La ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.
TLHR denuncia el incremento de los casos de lesa majestad en Tailandia desde noviembre de 2020, cuando el Gobierno retomó la aplicación de dicha normativa para sofocar en los tribunales al movimiento prodemocrático liderado por universitarios.
Este movimiento -en el que participó de manera activa Rukchanok- protagonizó protestas multitudinarias a mediados de 2020 y ha logrado abrir el debate público sobre el papel de la todopoderosa monarquía de Tailandia en la sociedad actual, que ha perdido en los últimos años adeptos entre los tailandeses.
En los comicios del 14 de mayo, Avanzar (que sumó 14,4 millones de votos) aglutinó la mayoría de los sufragios de los jóvenes manifestantes, entre otros, gracias a su compromiso de modificar la ley de lesa majestad para rebajar las penas y que solo instituciones vinculadas a la Casa Real pudiera presentar denuncias al respecto.
Al menos 259 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según TLHR, mientras que otros 1.890 -incluidos 284 menores- han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
