La disminución de la deforestación en la Amazonía brasileña -que cayó un 49 % en los primeros nueve meses del año-, la reactivación del Fondo Amazonía, un plan de transformación ecológica y una fuerte presión para que los países más ricos contribuyan económicamente para mantener la selva en pie, están entre las acciones más destacadas.
Y es que en su primer año de Gobierno, Lula le ha dado un vuelco radical a la política medioambiental de Brasil en relación al mandato de Jair Bolsonaro, un tiempo en el que el tema estuvo prácticamente apartado de la agenda.
La implementación de controles más estrictos para frenar la deforestación en la Amazonía, la creación de nuevas áreas de protección ambiental y la reactivación del Fondo Amazonía -que capta donaciones para mantener al bioma brasileño en pie- son medidas aplaudidas dentro y fuera del país.
Pero además están en marcha otras como la creación de un mercado regulado de carbono y un plan de transformación ecológica para el país.
Una Amazonía unida El gigante suramericano no solo mostrará avances y resultados a nivel interno, pues ha liderado un trabajo de coordinación entre los países amazónicos y con otras naciones que también cuentan con amplias áreas de bosques tropicales, como la República Democrática del Congo.
La idea es luchar unidos por la preservación del medio ambiente y lograr un crecimiento económico, pues sostienen que no basta con combatir la deforestación, ya que en los sitios donde más se devastan los bosques es donde hay más pobreza.
Para eso, Lula intensificará el llamado que ya ha reiterado en mecanismos como el G7 y el G20, para que los países ricos, que son los más contaminantes, paguen a las naciones en vías de desarrollo los 100.000 millones de dólares al año con los que se comprometieron en 2009 para mantener la selva en pie.
Las ONG piden coherencia Brasil asistirá a Dubái con una numerosa delegación. En total, tendrá 2.400 miembros, de los cuales, unos 300 serán del Gobierno y el resto estará constituido por representantes de la sociedad civil, empresarios, académicos y organizaciones ecologistas.
Estos últimos aplauden lo que ha hecho el nuevo Gobierno en materia ambiental pero también llaman la atención sobre la posición «cómoda» que ha tenido frente a temas que contradicen la agenda climática que está impulsando.
Uno de ellos es en relación al Congreso, pues un proyecto de ley que está en trámite pone en riesgo a numerosas tierras indígenas.
«Varios parlamentarios han recibido mucha ventajas» a cambio de su apoyo a este proyecto, que pretende quitar la protección a las tierras indígenas que fueron ocupadas por los no indios antes de 1989, según dijo a EFE Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, la principal red de la sociedad civil sobre agenda climática del Brasil.
«De nada vale combatir el crimen en la selva si se privilegia el crimen ambiental en la alfombra del Congreso. El (Gobierno) necesita combatir el crimen en ambos lados», señaló.
Otro tema es el relacionado con los combustibles fósiles y especialmente con la exploración y explotación de petróleo, que el Gobierno de Lula defiende como una necesidad para el país.
La posibilidad de que Brasil explore nuevos yacimientos en cercanías a la desembocadura del Amazonas, ha terminado de alborotar el avispero.
«Brasil, por ejemplo tendría que adoptar una moratoria, prohibir el petróleo, principalmente en la Amazonía y en otras áreas sensibles», opinó Astrini.
El experto apunta que no es un asunto que se pueda ‘cortar de tajo’ pero sí es necesario poner un límite y comenzar a hacer la transición hacia un mundo sin combustibles fósiles, dejando un plan plasmado desde ya, para que sea un compromiso mundial.
