Santo Domingo, (EFE).- El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Duarte impuso 10 años de prisión a cada una de cuatro personas que halló culpables de pertenecer a una red de narcotráfico que operaba en esa demarcación.
Ángel Mayobanex Fernández, Juan Arístides Reyes, Carolina Masiel Disla y Jazmín Cross formaban parte de la red Punto Topito, desmantelada por las autoridades en la provincia Duarte en 2021, informó el Ministerio Público en una nota.
Fernández y Reyes deberán cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, mientras que las acusadas Disla y Cross la cumplirán en el centro de corrección para mujeres de Juana Méndez, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
El cabecilla de la red Víctor Alfonso Aracena (Topito) aún permanece prófugo de la Justicia, precisó la información.
El expediente señala que labores de inteligencia realizadas por la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) y el Ministerio Público de Duarte, conjuntamente con la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), identificaron varios grupos criminales dedicados a la venta, tráfico, distribución y almacenamiento de sustancias controladas en violación a las citadas normas.
Las acciones permitieron identificar a la red Punto Topito, identificando al acusado Víctor Alfonso Aracena (Topito) como patrocinador de este grupo criminal, quien a su vez tenía bajo su control varios puntos de drogas y un conjunto de miembros asociados a su red, con roles y funciones específicas.
Bajo su control se encontraba uno de los mayores puntos de venta de drogas en el sector Hermanas Mirabal, de San Francisco de Macorís, además de otros puntos en diferentes municipios de la provincia Duarte.
También, se le atribuyó tener lazos delictivos con otros grupos vinculados al tráfico de drogas a nivel nacional, con quienes negociaba y abastecía de grandes cantidades de cocaína y marihuana.
El 7 del mes de junio de 2021, luego de identificada parte de esta red criminal dedicada a la venta de drogas, el Ministerio Público solicitó autorizaciones judiciales de allanamientos a las residencias y locales que utilizaban los procesados en esa actividad delictiva.
