En el comunicado final, organismos, instituciones, empresas y representantes de la sociedad civil explicaron que los documentos adoptados en los dos días de reuniones «son una hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un enfoque de derechos humanos para no dejar a nadie atrás».
“Concluimos esta reunión con el compromiso renovado y una ambiciosa agenda de trabajo de promoción de la igualdad y los derechos de toda la población», subrayó en su discurso final el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
«Al centro de nuestra atención y prioridades deben estar las niñas, niños y jóvenes; las personas mayores; las mujeres; las personas migrantes; los pueblos indígenas; las poblaciones afrodescendientes; las personas con discapacidad y las personas LGTBIQ+. Solo así podremos transformar esta América Latina y el Caribe tan desigual”, subrayó.
A este respecto, recordó que, a diez años de la firma del Consenso de Montevideo -el acuerdo intergubernamental más importante de la región en la materia y uno de los instrumentos más avanzados del mundo para la promoción de los derechos de la población en un marco de desarrollo sostenible- «sigue siendo, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la herramienta indispensable –y más vigente que nunca– para seguir trabajando por la inclusión de todas y todos en nuestra región».
“Hemos sabido construir, perfeccionar y darnos un mecanismo de trabajo y de diálogo que mantiene la misma vitalidad, motivación y dinamismo que hace una década en la capital uruguaya. Sigamos alimentando esa llama en torno al Consenso de Montevideo y la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, afirmó.
En la clausura también participaron Susana Sottoli, directora Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, y Carlos David Guachalla, viceministro de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, país que ejerce la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Sottoli destacó, por su parte, que “esta reunión ha permitido reafirmar la vigencia del Consenso de Montevideo como la hoja de ruta y contribución de esta región rumbo a hacer realidad la visión del Plan de Acción de El Cairo, es decir, avanzar hacia una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas, sin exclusiones”.
“La meta del Consenso es clara: lograr derechos y opciones para todas las personas, con inversiones oportunas, políticas prospectivas y adaptadas a los cambios que se avecinan, y liderazgos proactivos y dinámicos”, afirmó.
Mientras que Guachalla reiteró la necesidad de reforzar el cumplimiento de las medidas prioritarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes con énfasis en mujer y juventud, salud intercultural, acceso a la tierra, seguridad alimentaria, biodiversidad, bosques y cambio climático, entre otras áreas.
En sus acuerdos los países llamaron a reforzar el cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo a través de la ejecución de acciones específicas, la asignación adecuada de recursos, y la creación y el fortalecimiento de mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Asimismo, valoraron los aportes de las partes interesadas, incluidos los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector académico y los colectivos y movimientos pertinentes, al actual proceso de examen regional del Consenso de Montevideo.
Finalmente, acogiendo el ofrecimiento de Colombia, los países acordaron que la Sexta Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe se realizará en ese país en una fecha por definir entre mayo y junio de 2024.
