Pekín, China urgió hoy de nuevo a Japón a que detenga el vertido al mar del agua radiactiva descontaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima, que empezará este jueves.
«El Gobierno chino insiste en que la gente debería ser lo primero, y seguirá tomando las medidas que considere necesarias para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos chinos», indicó este martes en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.
«Urgimos a Japón a que abandone este plan», reiteró el portavoz chino en la última llamada a Tokio a que desista de una iniciativa que, según Pekín, es «arbitraria» y «ha levantando múltiples preocupaciones en la comunidad internacional».
Tokio anunció este martes la fecha de la primera descarga de agua, unos tres meses después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) le entregara su evaluación del plan del vertido, del que dijo que se ajusta a los estándares consensuados para este tipo de casos.
Sin embargo, el plan de Japón ha generado intranquilidad en países vecinos como Corea del Sur o China, que ya en julio pidió a Tokio que no siguiera adelante con el plan.
Las autoridades chinas también han aseverado desde julio que mantendrán «un alto grado de vigilancia» sobre las importaciones de alimentos procedentes de Japón ante el plan de Tokio.
Desde 2011, China mantiene una prohibición de importar comida desde una decena de las 47 prefecturas que componen la nación insular, entre ellas la de Fukushima, y revisa «de forma estricta» toda la documentación de los alimentos llegados desde otras partes de Japón, especialmente en el caso de productos acuáticos como el marisco.
Si bien múltiples países han retirado muchas de sus restricciones en los últimos años, China solo lo hizo en 2018 en el caso del arroz importado desde la prefectura japonesa de Niigata.
Mientras, el jefe Ejecutivo hongkonés, John Lee, aseguró hoy que el vertido es «irresponsable» y «arriesgado», y pidió a los departamentos gubernamentales de la ciudad semiautónoma que impongan «controles» a los productos acuáticos procedentes de Japón para «garantizar la seguridad alimentaria y la salud» de los hokongeses.
