El aplazamiento fue decidido por el juez José Rafael D’ Asís, a solicitud de algunos de los acusados, informó hoy el Ministerio Público en un comunicado.
Los fiscales solicitan 18 meses de prisión preventiva para todos los presuntos ciberdelincuentes, arrestados el 4 de agosto en la operación Discovery 2.0, cuando la Procuraduría informó de la desarticulación de una red trasnacional de ciberdelincuencia que había estafado a cientos de estadounidenses.
El Ministerio Público, que también pide al tribunal que el caso sea declarado de tramitación compleja, aseguró que ha evidenciado que los integrantes de la red, tras analizar el perfil de sus víctimas (de entre 70 y 95 años), «aprovecharon su estado de vulnerabilidad, irrumpieron en sus vidas y con varias maniobras engañosas les despojaron de los recursos económicos».
Los acusados eran propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas, punto de operación principal de sus delitos, según los fiscales.
Uno de los imputados y arrestado, Claudio Santana o Claudio Mercedes, fue deportado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación, destacó la nota.
El expediente se ha formulado contra Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Ramón Esterling Polanco Leclerc y Deuris Antonio Franco de la Cruz.
Asimismo, contra Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
Otros acusados son Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
La operación Discovery 2.0 involucró a 26 fiscales y 239 agentes de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que se empleó en la coordinación operativa.
