Santo Domingo, El Ministerio Público puso en marcha este martes la operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que durante años se dedicó a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
El operativo condujo a la detención de 12 personas, entre las que hay un miembro de la Policía Nacional, un expolicía, así como empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR). EL órgano persecutor informó en un comunicado de las acciones llevadas a cabo desde la pasada madrugada por parte de un equipo de fiscales junto a unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los efectivos realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que, según un comunicado, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. Hay varios fiscales bajo investigación y en los próximos días se procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que se actuará conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.
El borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal ha beneficiado a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol y por secuestro. Las acciones de esta estructura llegan al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales, señlaó la PGR en la nota.
Entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales de los miembros de esta red desmantelada con la operación Gavilán se encuentran Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV. Asimismo, borraron antecedentes de decenas de implicados en casos de crimen organizado, incluyendo algunos de alta connotación pública.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas. En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los imputados por diversos delitos tipificados en el Código Penal Dominicano, en la Ley sobre la Función Pública; en la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y en la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el soborno, el cibercrimen y el lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
Para la persecución penal de los implicados, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el aspecto disciplinario recae sobre el Inspector General de la institución, Viterbo Cabral.
