Miami, El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, expresó este domingo sus dudas sobre el éxito de un proyecto de presupuesto del Pentágono aprobado en la Cámara Baja, el cual prohíbe las ayudas para que el personal militar pueda abortar o someterse a tratamientos de transición de género.
En una entrevista a CNN, Sullivan opinó que este proyecto salpicado de «debates sociales domésticos», promovidos por «un pequeño grupo de republicanos extremos», ni siquiera llegará al escritorio del presidente estadounidense, Joe Biden, porque al final no tendrá éxito y «prevalecerá la sabiduría».
«Esta norma, desde mi perspectiva, se trata realmente de un ejercicio bipartidista para defender la seguridad nacional de Estados Unidos», alegó el asesor en Seguridad Nacional de Biden, quien añadió que históricamente estos proyectos han sido aprobados con una abrumadora mayoría.
El pasado viernes, la Cámara Baja aprobó el proyecto en cuestión y con dos polémicas enmiendas, añadidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que impiden al Departamento de Defensa subvencionar los gastos de viaje para abortar y para someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género.
El Pentágono anunció el año pasado su intención de pagar a militares o familiares de militares que necesitan viajar a estados donde el aborto es legal, luego de que el Tribunal Supremo tumbara el derecho federal al aborto.
El proyecto debe ahora ser aprobado en el Senado, donde tiene mayoría el Partido Demócrata, que ha rechazado las enmiendas.
«Creemos que después de que el Senado se junte de nuevo con la Cámara (de Representantes) vamos a terminar en un punto donde hay un proyecto de ley bipartidista que puede ir al escritorio del presidente», opinó Sullivan, quien recordó que la iniciativa llegó al pleno del Congreso tras ser aprobada con 58 votos a favor y uno en contra.
El proyecto de ley dota de un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares al Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Los fondos acordados suman 45.000 millones a la cantidad inicialmente solicitada por el presidente Biden para afrontar el efecto de la inflación y acelerar la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa.
Así, el proyecto de ley autoriza 12.600 millones de dólares para hacer frente al impacto de la subida de los precios en las compras, otros 3.800 millones para contrarrestar ese efecto en los proyectos de construcción militar y 2.500 millones en las adquisiciones de combustible.
