Quito, El presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, emitió este lunes un decreto ejecutivo por el que extendió el indulto de penas a 130 prisioneras que atraviesan por situaciones de vulnerabilidad o viven con sus hijos en las cárceles, entre otros requisitos.
El perdón de la pena conferida por el mandatario coincidió con la presentación de un último censo carcelario que contabilizó un total de 31.321 personas privadas de la libertad (PPL) a escala nacional, de las cuales 93,7 % son hombres y 6,3 % mujeres.
El decreto establece el beneficio del perdón a prisioneras que hayan sido condenadas por delitos de robo, hurto estafa o abuso de confianza, demostrado buena conducta y que no estén inmersas en procesos judiciales adicionales.
También a mujeres condenadas que padezcan enfermedades catastróficas, raras o terminales, incluidas el VIH-Sida o la tuberculosis resistente a medicamentos.
Asimismo, el decreto beneficia a mujeres encarceladas que vivan con sus hijos menores de edad en las prisiones.
Dentro del grupo de 130 beneficiadas con la medida «hay mujeres que están en mayor vulneración y no solo ellas, también sus hijos», señaló el mandatario tras dar a conocer su decisión.
Recordó que se ha hecho una revisión individual de los casos para indultar a mujeres que hayan sido condenadas por delitos menores y que padezcan enfermedades catastróficas, terminales o que viven con sus hijos menores de edad en los Centros de Privación de Libertad.
El Gobierno realizará un seguimiento de cada caso y las beneficiarias incluso podrían acceder a créditos entregados por un banco estatal, «a fin de que tengan una segunda oportunidad para trabajar y construir un mejor futuro para sus hijos, o en muchos casos para continuar sus estudios», agregó el mandatario.
De su lado, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, aseguró que el indulto obedece a una decisión técnica, responsable y con perspectiva de género que considera la discriminación histórica que ha condenado a las mujeres a contextos estructurales de exclusión.
Esta medida «nos permite, bajo un principio de humanidad, reconocer los derechos de mujeres en condición de doble y triple vulnerabilidad», subrayó Rodríguez.
Por otra parte, el presidente Lasso destacó los resultados del censo penitenciario efectuado en meses pasados, y dijo que esa información permitirá a las autoridades tomar decisiones para mejorar la situación carcelaria.
«Hicimos este censo porque era necesario para construir una política pública de rehabilitación social basada en el respeto a los derechos humanos», aseveró Lasso tras señalar que lo que se busca es humanizar, dignificar y transformar al servicio penitenciario.
«El hacinamiento, los hechos de violencia y la falta de un efectivo sistema de rehabilitación es el resultado de décadas de abandono», aseguró el Jefe de Estado.
El censo penitenciario registró un total de 31.321 personas privadas de libertad en las cárceles que tienen capacidad para albergar a 30.134, lo que supone una sobrepoblación de 1.187 reos en el sistema penitenciario.
Además, la estadística reveló que unos 5.000 presos no tienen aún una sentencia judicial, por lo que Lasso exhortó a los operadores de justicia a revisar los casos y dar una respuesta efectiva y ágil a las personas cuya situación jurídica no está resuelta.
El estudio, ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a finales del año pasado, se dio en un momento en que el país afrontaba una durísima crisis carcelaria, agobiada por una severa inseguridad, espiral de violencia, hacinamiento y falta de presupuestos.
Desde 2020, más de 450 presos han sido asesinados en recurrentes matanzas en las cárceles ecuatorianas por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de los centros de reclusión, según han advertido las autoridades.
Esa situación de violencia en las cárceles, de acuerdo a expertos, también se ha trasladado a las calles con grupos del crimen organizado que se disputan el control de espacios generados por las mafias del narcotráfico.
