Buenos Aires, .- Organizaciones sindicales, sociales y políticas dieron inicio este martes en Buenos Aires a una serie de protestas para apoyar el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el Gobierno argentino desde principios de año, y para repudiar la supuesta “proscripción” de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Bajo la consigna “Democracia sin mafia judicial”, decenas de manifestantes reclamaron por la destitución del Tribunal compuesto por el presidente del Supremo, Horacio Rosatti, el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los organismos sindicales y sociales prometieron continuar con un cronograma de marchas que se extenderá cada martes del mes de marzo porque ese día “es cuando se reúne la Corte Suprema de Justicia”.
“A partir de hoy damos inicio a asambleas populares en la puerta del Tribunal de Justicia, que está viciado de corrupción y contubernio con los grupos de poder económicos. Le hacen un daño enorme al pueblo y a la democracia, que vemos peligrar como 40 años atrás”, expresó a EFE, Matías Velázquez, secretario general adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense.
El Gobierno de Alberto Fernández envió el pasado 4 de enero al Parlamento un proyecto de juicio político contra el titular del máximo tribunal por “mal desempeño en sus funciones” y al resto de sus miembros por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
De momento, el proyecto se encuentra bajo análisis de la Comisión de Juicio Político del Congreso, sin embargo, existen pocas probabilidades de que el proceso prospere, ya que requiere la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, algo que no posee el oficialismo o la oposición.
“La ‘mafia judicial’ controla el aparato de la Justicia, desconoce la independencia de poderes, interfiere en las decisiones del Poder Ejecutivo, desconoce leyes votadas por el Congreso Nacional y legisla, actuando como brazo ejecutor de políticas emanadas desde oscuras oficinas”, exclamaron en un comunicado de la convocatoria.
Parte de las tensiones que motivaron este juicio tuvieron que ver con la condena a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández por manejos administrativas fraudulentos durante los periodos que fue Jefa de Estado (2007-2015). El fallo fue apelado y quedará bajo la órbita judicial de las instancias superiores, aunque la vicepresidenta aseguró que es blanco de una “maniobra” para proscribirla políticamente y anunció que no se presentará a los comicios generales de 2023.
“El sistema judicial, influenciados por los grupos económicos, la ataca sistemáticamente por ser nuestra representación más fiel en el campo popular, por eso nosotros vamos a defenderla hasta llegar a dar nuestra vida por ella”, agregó Velázquez al referirse a la vicepresidenta.
Otra de las cuestiones fue un fallo del máximo tribunal que obligó al Ejecutivo a restituir fondos federales a la ciudad de Buenos Aires, que, en opinión de Alberto Fernández, servirán para financiar la carrera presidencial del alcalde capitalino, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, en los comicios de este año.
En este conflicto se incluyen filtraciones de una supuesta trama de cohecho que involucra al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y al portavoz del titular del Supremo, Silvio Robles, entre otros.
